La Sala de Apelaciones de la CPI remite la impugnación de Israel sobre jurisdicción a un tribunal inferior, evidenciando fallos procesales.
Decisión clave de la CPI favorece argumentos de Israel
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) dictaminó el 24 de abril de 2025 que la Sala de Cuestiones Preliminares I debe reexaminar la impugnación presentada por Israel sobre la jurisdicción de la corte para procesar a sus ciudadanos. La decisión, un paso significativo para Jerusalén, señala que el tribunal inferior no abordó adecuadamente los argumentos de Israel, que sostiene que la CPI carece de autoridad para emitir órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. La solicitud de estas órdenes, impulsada por el fiscal Karim Khan en mayo de 2024, desató una controversia que Israel ha calificado como un intento politizado de socavar su soberanía.
La Sala de Apelaciones determinó que la Sala de Cuestiones Preliminares I erró al considerar prematura la impugnación de Israel, argumentando que la corte tiene la obligación de evaluar los planteamientos de jurisdicción antes de avanzar con las órdenes de arresto. Este fallo refuerza la posición de Israel, que ha denunciado consistentemente la falta de legitimidad de la CPI para intervenir en sus asuntos, dado que no es miembro de la corte y que los Acuerdos de Oslo limitan explícitamente la jurisdicción de la Autoridad Palestina sobre ciudadanos israelíes. La decisión, sin embargo, no suspende las órdenes de arresto, dejando esa determinación a la cámara inferior, lo que mantiene la presión sobre Netanyahu y Gallant mientras se resuelve el caso.
La impugnación de Israel se centra en que el llamado “Estado de Palestina”, aceptado como miembro de la CPI en 2015, no tiene la capacidad legal para delegar jurisdicción sobre ciudadanos israelíes. Según Jerusalén, los Acuerdos de Oslo, firmados en los años 90, establecen que la Autoridad Palestina no puede ejercer autoridad penal sobre israelíes, un punto que la CPI no ha abordado de manera sustantiva, según la Sala de Apelaciones. Este argumento subraya la postura de Israel de que la corte actúa con un sesgo estructural, al aceptar la membresía de una entidad cuya condición de estado soberano es disputada y al ignorar tratados internacionales vinculantes.
El fallo de la CPI llega en un contexto de creciente escrutinio sobre la credibilidad de la institución, particularmente sobre las acciones de su fiscal jefe, Karim Khan. En octubre de 2024, surgieron acusaciones de acoso sexual contra Khan, quien presuntamente presionó a una abogada de su equipo para retractarse de denuncias de conducta indebida. Fuentes cercanas al caso, reportadas por medios como The Mail on Sunday, indican que Khan contactó repetidamente a la denunciante durante más de cinco meses, instándola a desmentir las acusaciones y sugiriendo que el asunto podía ser “contenido” para evitar un escándalo mediático. Estas alegaciones, que Khan ha negado a través de su firma de abogados Carter-Ruck, han desencadenado una investigación de las Naciones Unidas por posible retaliación contra el personal que reportó o criticó su manejo del caso. Al menos cuatro empleados de la oficina de Khan habrían sido degradados, según tres fuentes con conocimiento directo de la indagación.
Datos clave sobre el sesgo y la controversia en la CPI
- La CPI aceptó al “Estado de Palestina” como miembro en 2015, pese a que su estatus estatal es cuestionado y los Acuerdos de Oslo limitan su jurisdicción sobre israelíes.
- Israel no es miembro de la CPI y ha rechazado su autoridad, argumentando que la corte carece de legitimidad para investigar a sus ciudadanos.
- Las acusaciones contra Karim Khan por acoso sexual y retaliación, surgidas en octubre de 2024, han debilitado la credibilidad de su liderazgo en la corte.
- La CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant en noviembre de 2024, ignorando las impugnaciones de Israel sobre jurisdicción.
- El fallo de la Sala de Apelaciones del 24 de abril de 2025 obliga a la cámara inferior a reconsiderar los argumentos de Israel, evidenciando fallos procesales previos.
Contexto de tensiones entre Israel y la CPI
La controversia en torno a la jurisdicción de la CPI no es nueva. Desde que la corte inició investigaciones sobre las acciones de Israel en los territorios palestinos, Jerusalén ha acusado a la institución de actuar con motivaciones políticas. En 2021, la CPI afirmó tener jurisdicción sobre los territorios palestinos, una decisión que Israel calificó de “vergüenza moral” y que llevó a la Knéset a rechazar cualquier cooperación con la corte. La solicitud de Khan en mayo de 2024 para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, basada en presuntos crímenes de guerra en Gaza, intensificó estas tensiones. Israel argumenta que la corte no ha considerado adecuadamente su capacidad para investigar internamente las acusaciones, un principio conocido como “complementariedad” en el derecho internacional.
El historial de la CPI también ha sido cuestionado por sus decisiones selectivas. Mientras emitió órdenes contra Netanyahu y Gallant, la corte ha enfrentado críticas por su manejo de casos contra líderes de otros países no miembros, como Rusia. Por ejemplo, la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por la deportación de niños ucranianos no ha generado sanciones internacionales comparables a las impuestas por Estados Unidos contra Khan tras sus acciones contra Israel. En febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sancionó a Khan, congelando sus activos en EE. UU. y prohibiéndole la entrada al país, en respuesta a lo que describió como “acciones ilegítimas y sin fundamento” contra Israel y ciudadanos estadounidenses.
Las acusaciones contra Khan por acoso sexual han añadido una capa de descrédito a la CPI. Según reportes de Reuters y The Times of Israel, las denuncias surgieron apenas dos semanas después de que Khan anunciara su intención de buscar órdenes contra Netanyahu y Gallant, lo que él mismo describió como parte de una campaña de desinformación contra su oficina. Sin embargo, la investigación de la ONU, iniciada en abril de 2025, ha revelado que Khan pudo haber tomado medidas retaliatorias contra el personal que cuestionó su conducta, incluyendo la degradación de al menos cuatro empleados. Estas revelaciones han fortalecido los argumentos de Israel sobre el sesgo y la falta de integridad en el liderazgo de la CPI.
La decisión de la Sala de Apelaciones de devolver el caso a la cámara inferior marca un avance para Israel en su lucha por defender su soberanía y desafiar la autoridad de la CPI. La obligación de reexaminar los argumentos de jurisdicción podría retrasar o incluso descarrilar las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, mientras que las controversias en torno a Khan continúan erosionando la legitimidad de la corte. El proceso en la Sala de Cuestiones Preliminares I será ahora un punto crítico para determinar si la CPI respeta los argumentos legales de Israel o persiste en lo que Jerusalén considera una persecución injustificada.