Human Rights Watch solicitó a las Naciones Unidas que garantice la continuidad de una fuerza internacional en el Líbano cuando concluya, a finales de este año, el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL).
La FPNUL, desplegada en el sur del país desde 1978, reúne a unos 7.500 efectivos de casi 50 naciones. Aunque su presencia no ha evitado los sucesivos enfrentamientos en esa región, escenario de repetidas guerras entre Israel y el grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán, la organización sostiene que sigue desempeñando un papel esencial para la protección de la población civil.
El Consejo de Seguridad de la ONU resolvió en agosto del año pasado, bajo presión de Estados Unidos, que el mandato de la misión finalizará el 31 de diciembre de 2026.
Para Louis Charbonneau, director de Human Rights Watch ante la ONU, retirar la misión sin desplegar otra fuerza internacional con capacidad suficiente supondría dejar “a millones de civiles libaneses a un destino incierto y potencialmente desastroso”. También afirmó que “las fuerzas de paz constituyen un elemento disuasorio crucial contra los ataques a civiles y las violaciones de los derechos humanos”.
La organización pidió que el Consejo de Seguridad prorrogue el mandato de la FPNUL “hasta que la situación de seguridad haya mejorado lo suficiente como para considerar una mayor reducción de la fuerza”.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha manifestado que el Líbano seguirá necesitando una misión de paz cuando expire el mandato vigente, una propuesta que, según el texto, probablemente afrontará la oposición de Estados Unidos e Israel.
En junio, Guterres presentó tres alternativas que contemplaban el despliegue de entre casi 2.000 y más de 5.500 efectivos de la ONU para supervisar el frágil alto el fuego entre Israel y Hezbolá y respaldar a las fuerzas armadas libanesas.
Ese mismo mes, Francia e Italia expresaron su intención de crear una coalición que sustituya a la FPNUL tras su retirada, con el objetivo de reforzar la soberanía del Líbano y evitar que su territorio se convierta en “un punto de apoyo para la escalada regional”.
En julio, el presidente libanés, Joseph Aoun, reclamó que la FPNUL permaneciera en el país. Además, la misión del Líbano ante la ONU remitió al Consejo de Seguridad una carta respaldada por 86 Estados miembros en la que solicitó la continuidad de la misión con un mandato ampliado.
Aoun sostuvo que, si la FPNUL no pudiera continuar en la zona, debería establecerse “una fuerza alternativa” para “ayudar al ejército libanés a limpiar las regiones del sur, retirar los artefactos explosivos sin detonar y mantener el ritmo de la implementación” del acuerdo marco.
Charbonneau reiteró que “el Consejo de Seguridad no debería dejar desprotegidos a los civiles libaneses”.
