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Política de plástico en Israel pierde apoyo de la comunidad haredí

3 de julio de 2025
en Economía
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Un estudio indica que el impuesto sobre plásticos de 2021 provocó una disminución persistente en el respaldo de la comunidad haredí a las políticas ambientales, incluso después de su derogación en 2023.

Impacto del impuesto al plástico en la comunidad haredí

Según un estudio publicado en Policy Sciences, el impuesto al plástico de un solo uso, implementado en Israel en noviembre de 2021, provocó un descenso significativo en el apoyo de la comunidad haredí a las políticas ambientales. La medida, promovida por la coalición del entonces primer ministro Naftali Bennett, gravaba productos desechables como platos, vasos, tazones y pajitas. La comunidad haredí, que representa el 13% de la población israelí con aproximadamente 1,3 millones de personas, interpretó la política como un ataque directo a su estilo de vida, según el informe elaborado por investigadores de la Universidad Hebrea y la Universidad de Tel Aviv.

El equipo encabezado por Leah Bloy, Dr. Nechumi Malovicki-Yaffe, Dr. Boaz Hameiri y Dr. Ram Fishman explica que muchas familias haredíes, debido a su tamaño y condiciones económicas, dependen de utensilios desechables para reducir las tareas domésticas. Israel, uno de los países con mayor consumo per cápita de plásticos de un solo uso, muestra en este grupo un consumo desproporcionado. La entonces ministra de Protección Ambiental, Tamar Zandberg, estimó que el impuesto lograría una reducción del 40% en las compras de plásticos. Sin embargo, el estudio revela que muchas familias haredíes eludieron la medida mediante compras masivas en Judea y Samaria, donde la normativa no tenía aplicación.

Además del impuesto al plástico, se implementó un gravamen sobre bebidas azucaradas, lo que aumentó la controversia, especialmente en el contexto electoral tras la caída del gobierno de Bennett en 2022. Los partidos haredíes, excluidos de esa coalición, aprovecharon el descontento para movilizar apoyo. Tras las elecciones, la coalición encabezada por Benjamín Netanyahu derogó ambos impuestos en 2023 a través del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionismo Religioso.

El estudio se basa en seis encuestas realizadas entre usuarios del portal Kikar HaShabbat, con 1,5 millones de visitantes únicos. La primera encuesta, anterior a la entrada en vigor del impuesto, registró una actitud favorable hacia temas ambientales. No obstante, tras la implementación, se produjo una disminución sostenida en el respaldo, atribuida más a una percepción de ataque cultural que a razones económicas.

Datos clave sobre el impacto del impuesto al plástico

  • El impuesto de 2021 aplicaba a productos plásticos desechables como platos, vasos, tazones y pajitas.
  • La comunidad haredí, de 1,3 millones de personas, tenía un consumo per cápita de plásticos más alto que el promedio nacional.
  • Encuestas en Kikar HaShabbat revelaron una caída sustancial en el apoyo a políticas ambientales tras la implementación del impuesto.
  • Muchas familias evitaron el impuesto mediante compras en Judea y Samaria.
  • La derogación del impuesto en 2023 no logró revertir la disminución del respaldo ambiental en la comunidad haredí.

Persistencia de actitudes tras la derogación del impuesto

A pesar de haberse derogado más de un año antes, el estudio concluye que la caída en el respaldo haredí a las políticas ambientales persiste. Aunque el sentimiento de victimización disminuyó, los investigadores identifican una falta de comunicación culturalmente adecuada como factor agravante. Señalan que no se realizó ningún esfuerzo institucional para explicar la medida a través de valores o referencias propias del público haredí. En particular, destacan que el principio judío de bal tashchit, que prohíbe el desperdicio, pudo haber sido un marco eficaz para comunicar los objetivos del impuesto.

Las encuestas, pese a sus limitaciones por el acceso irregular a Internet en ciertos sectores haredíes, indican que la resistencia no se debió al impacto económico directo, sino a la percepción de una imposición cultural ajena. Según los investigadores, las comunidades marginadas como la haredí suelen estar excluidas de los debates climáticos, que suelen ser dominados por élites occidentales con mayores niveles de educación y recursos económicos.

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El estudio subraya la necesidad de abordar las percepciones de injusticia para fomentar la participación en políticas climáticas. Los investigadores advierten que las respuestas negativas a este tipo de medidas se explican por factores económicos y también por mecanismos psicológicos relacionados con identidad y pertenencia. El caso del impuesto al plástico en Israel demuestra que una regulación ambiental, aunque técnicamente sólida, puede generar rechazo duradero si no se ajusta a la realidad cultural de los sectores afectados.

Asimismo, el informe contextualiza el uso de plásticos desechables en Israel. Aunque el consumo elevado no se limita a los haredíes, sí es más frecuente en esta comunidad debido a condiciones demográficas específicas. La pobreza y el tamaño promedio de las familias —que suele superar los seis hijos— explican la dependencia de utensilios desechables como solución práctica y económica para la gestión del hogar.

Contexto político y social del impuesto al plástico

El impuesto fue introducido en un contexto político polarizado, por una coalición encabezada por Bennett que no incluía a los partidos haredíes, tradicionalmente aliados de Netanyahu. Esta exclusión aumentó la percepción de que la medida era hostil a los valores e intereses del sector haredí. La prensa afín, como Kikar HaShabbat, cubrió de forma activa el debate, contribuyendo a la consolidación del rechazo incluso antes de la entrada en vigor del impuesto.

La derogación, bajo el nuevo gobierno de Netanyahu, fue impulsada por las demandas de los partidos haredíes, que retomaron influencia en la coalición tras las elecciones de 2022. Smotrich, como ministro de Finanzas, priorizó el desmantelamiento de medidas promovidas por la administración anterior, incluyendo las relacionadas con política ambiental.

El estudio concluye que los diseñadores de políticas públicas deben considerar las sensibilidades culturales y económicas de los grupos sociales involucrados. La experiencia del impuesto al plástico en Israel muestra que las regulaciones ambientales requieren estrategias comunicativas que se alineen con los valores del público objetivo. En este caso, la ausencia de diálogo con la comunidad haredí debilitó el respaldo a largo plazo a las políticas climáticas, incluso después de eliminar la medida que originó la guerra.

Etiquetas: EconomíaIsraelMedio Ambiente

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El Tribunal Superior rechaza el recurso de Sharren Haskel contra el Likud El Tribunal Superior de Justicia rechazó este domingo por la noche el recurso de la diputada Sharren Haskel contra el Likud y la facción Derecha Estatal. Haskel pretendía ser reconocida como una facción unipersonal y obtener autorización para abandonar su grupo parlamentario antes de las elecciones a la 26.ª Knéset. Aunque los jueces desestimaron su petición, la sentencia advirtió que la fórmula escogida por ambas formaciones para aplicar sus acuerdos podría generar un problema jurídico al afectar el derecho de los diputados contrarios a una fusión a separarse de su facción. El origen del litigio se encuentra en el acuerdo suscrito en marzo de 2025 entre el Likud y Derecha Estatal, entonces denominada Nueva Esperanza. El pacto contemplaba originalmente la fusión Estatal con el Likud, siempre que recibiera la aprobación del Comité de la Knéset. También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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