Un documento del Consejo de Educación Superior de Israel registra denuncias por incidentes de incitación y apoyo al terrorismo en distintas instituciones académicas, en contraste con la postura sostenida en los últimos meses por responsables universitarios, que habían negado la existencia de ese fenómeno.
La información salió a la luz tras una solicitud del presidente de la Comisión de Educación de la Knéset, el diputado Zvi Succot, y reúne datos sobre centros en los que se notificaron expresiones de respaldo al terrorismo, publicaciones consideradas problemáticas y manifestaciones de identificación con elementos hostiles.
El informe señala que parte de esos casos derivó en medidas disciplinarias, mientras que en otros se aplicó una gestión interna por parte de las instituciones. Esa actuación, según los datos difundidos, contradice las declaraciones previas de dirigentes académicos que habían boicoteado las discusiones celebradas en la Knéset sobre este asunto.
Después de la publicación del documento, Succot anunció que impulsará junto al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, una revisión de posibles recortes presupuestarios para las instituciones donde se produjeron los incidentes denunciados.
También indicó que se solicitará a las autoridades competentes una visión general sobre la forma en que estos episodios fueron tratados dentro del sistema de educación superior, con el objetivo de impedir nuevos casos.
“En un momento en el que el Estado de Israel se encuentra inmerso en una guerra existencial en múltiples frentes —desde Irán hasta el Líbano—, el enemigo interno está activo, la incitación continúa y los responsables académicos prefieren esconder la cabeza bajo el ala y negar una realidad documentada”, declaró Succot tras conocerse las conclusiones.
El diputado sostuvo además que los documentos oficiales desmienten de forma explícita las afirmaciones formuladas por las administraciones universitarias. A su juicio, la publicación de esos datos refuerza la base para adoptar sanciones económicas contra las instituciones implicadas.
“Hay incidentes, hay denuncias, hay casos que se han gestionado y, por lo tanto, existe plena justificación para recortar los presupuestos de las instituciones académicas basándose en la legislación vigente”, concluyó el presidente de la Comisión de Educación.
