Daniel Ortega ya ni siquiera pretende conservar la ficción democrática. El presidente nicaragüense ha anunciado con absoluta desfachatez que en Nicaragua no habrá “más elecciones”. La intención es inequívoca: clausurar definitivamente cualquier posibilidad de competencia política y garantizar la continuidad de un poder absoluto y dictatorial.
Sin embargo, aunque Ortega, de ochenta años, haya puesto la voz al anuncio, resulta imposible separar esa decisión del proyecto político de Rosario Murillo, su esposa y copresidenta. Desde que llegó al poder en 1979 con financiamiento y apoyo cubanos, el autodenominado “Comandante” sandinista ha convertido el fraude y la usurpación electoral en instrumentos habituales. Nada le impediría robar otra elección. Pero Murillo afronta un problema distinto: es todavía más impopular que el antiguo revolucionario transformado en dictador al que pretende suceder. Eliminar incluso la farsa electoral permite despejar el camino para que la sucesión deje de depender de las urnas y pase a apoyarse directamente en la maquinaria del régimen.
A sus 75 años, Murillo ha construido ese ascenso controlando precisamente el componente más brutal del sistema: la persecución de la Iglesia Católica. No es solo copresidenta ni la principal propagandista de Ortega. Durante casi una década ha sido la arquitecta ideológica y la ejecutora pública de una ofensiva destinada a destruir la presencia católica como fuente independiente de autoridad moral y política.
Ese papel adquiere ahora una importancia todavía mayor. Ortega muestra un deterioro evidente de salud mientras Murillo domina el aparato policial y autoritario de Managua. La sucesión ya no parece una hipótesis remota, sino un proceso en marcha. Y cuando se concrete, la represión contra los cristianos no disminuirá: todo apunta a que se intensificará. Al mismo tiempo, quedará aún más consolidado en el centro del continente americano un régimen abiertamente hostil a Estados Unidos.
La persecución suele explicarse como la venganza de Ortega contra los sacerdotes que protegieron a manifestantes durante las protestas de 2018. Esa lectura es insuficiente. Lo que Murillo ejecuta es una estrategia de sucesión fríamente calculada. Ella no dispone del culto personal construido por Ortega durante décadas y, por tanto, necesita eliminar cualquier centro de legitimidad que pueda sobrevivirle al comandante. La Iglesia Católica representa exactamente eso. Mientras Ortega siga vivo, Murillo dispone de tiempo para quebrar esa autoridad antes de tener que gobernar sin la sombra política de su esposo.
La hostilidad del régimen hacia la Iglesia tampoco fue siempre absoluta. Después de perder su tercera elección consecutiva en 2001, Ortega comprendió que necesitaba la legitimidad que podían proporcionarle los líderes católicos y buscó deliberadamente su favor. Restableció incluso una relación de conveniencia con el cardenal Miguel Obando y Bravo, uno de sus críticos más feroces, quien en 1996 había pronunciado una homilía en la que describió a Ortega como una “víbora moribunda”.
La reconciliación llegó hasta el altar. En 2006, Obando ofició el matrimonio católico de Ortega y Murillo. Ortega aprovechó aquella nueva cercanía para desarrollar ese mismo año una campaña electoral deliberadamente providencialista y religiosa. La relación no se sustentaba en afinidades espirituales, sino en utilidad política.
Esa convivencia pragmática sobrevivió hasta 2018. Ortega necesitaba de la Iglesia la legitimidad que no podía producir únicamente mediante el aparato sandinista., pero las protestas de aquel año destruyeron ese equilibrio. Las movilizaciones, impulsadas en parte por la negligencia gubernamental ante el grave incendio forestal de Indio Maíz, fueron respondidas por el régimen con asesinatos en las calles y brutalidad policial.
Después de la matanza, Ortega recurrió precisamente a la institución que ahora persigue. Solicitó a la Iglesia Católica que mediara en una negociación con los manifestantes. Los obispos aceptaron inicialmente y organizaron encuentros entre Ortega, Murillo y los líderes de las protestas. El gobierno, sin embargo, se negó a realizar concesiones. Cuando los mediadores eclesiásticos suspendieron su participación ante semejante intransigencia, la dictadura reaccionó de inmediato: acusó formalmente a los obispos de financiar las protestas.
Allí comenzó la persecución sistemática y delictiva contra la Iglesia.
Murillo ha sido desde entonces su principal rostro. Ha llamado públicamente a la Iglesia “malévola”, ha descrito a sus integrantes como “diablos ridículos” y la ha acusado de ser “avariciosa”. Al clero le atribuye actos de “terrorismo criminal”. Y cuando recuerda las protestas de 2018, sostiene que los obispos católicos eran “falsos pastores” que practicaban “ritos satánicos” y “brujería” con el propósito de derrocar al régimen.
El fanatismo de esa retórica no impide que Murillo intente revestir la represión con un lenguaje falsamente cristiano. En 2023 justificó la violencia estatal y los asesinatos cometidos durante las protestas afirmando: “Era necesario realizar el exorcismo para aquellos que en toda Nicaragua habían trabajado con amor cristiano, con fervor cristiano, con fe y esperanza”.
La obscenidad de esa formulación se mide contra los muertos. El Estado nicaragüense asesinó a más de 350 personas en 2018 y dejó a miles con heridas graves. Hablar después de “amor cristiano” para justificar una represión de esa magnitud constituye un cinismo inaceptable frente a los cadáveres de los ciudadanos masacrados.
Desde entonces, el régimen de Ortega y Murillo no se ha limitado a hostigar a sacerdotes concretos. Ha tratado de destruir el poder institucional de la Iglesia Católica. La campaña combina el cierre forzado de templos, confiscaciones ilegales de propiedades, expulsiones de religiosos y una represión estricta del culto público. La violencia estatal se agravó con especial intensidad en 2022.
Para 2026, las procesiones de Semana Santa llevaban cuatro años consecutivos prohibidas. Hasta febrero de ese año, Murillo y Ortega habían perpetrado 1.070 agresiones directas contra cristianos, prohibido 27.286 procesiones, expropiado 43 propiedades de la Iglesia y expulsado de Nicaragua a más de 300 sacerdotes y monjas.
No hace falta que Murillo estampe personalmente su firma en cada orden judicial o decreto represivo para establecer su responsabilidad. Ella es la planificadora ideológica de la persecución, la cogobernante efectiva y, casi con toda seguridad, la próxima gobernante absoluta del mismo aparato estatal que ejecuta estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Mientras la represión se intensificaba, Ortega y Murillo también se ocuparon de convertir la sucesión en ley. En enero de 2025 impusieron una reforma constitucional que eliminó la presidencia única, creó la copresidencia y estableció que, si uno de los dos copresidentes muere o renuncia, el otro ocupará su lugar y completará el mandato.
La arquitectura jurídica ya está lista. Y, según Confidencial, un periódico de la diáspora nicaragüense, Ortega se encuentra “ausente y aislado. Sin poder real de toma de decisiones”, al tiempo que desaparece progresivamente de la vida pública.
Pero apropiarse legalmente de un cargo no equivale a heredar automáticamente la estructura de lealtades que sostiene a un dictador. Murillo puede utilizar las normas de una dictadura para quedarse con la presidencia de Ortega; otra cuestión es conseguir que los hombres que durante décadas obedecieron al comandante pasen a obedecerla a ella.
Por eso las purgas ya están en marcha. Desde que obtuvo la copresidencia, Murillo ha emprendido una eliminación sistemática de antiguos dirigentes del régimen. Comandantes sandinistas y oficiales del ejército han sido purgados y encarcelados por la mera sospecha de que continúan siendo leales a Ortega y no están dispuestos a subordinarse completamente a ella.
Es precisamente dentro de esa lucha por la sucesión donde la Iglesia se vuelve, al mismo tiempo, una amenaza y una herramienta.
Para Murillo, la Iglesia Católica resulta mucho más peligrosa que cualquier partido político opositor. No puede cancelarle simplemente la personería jurídica como haría con una organización electoral ni hacerla desaparecer mediante un decreto, como ha hecho con organizaciones no gubernamentales. La Iglesia existía mucho antes que el movimiento sandinista, posee raíces sociales más profundas que las del propio Estado nicaragüense y forma parte de la vida nacional de una manera que ningún aparato policial puede borrar fácilmente.
Pero esa misma fortaleza la convierte en un enemigo interno extraordinariamente útil para una dirigente que necesita consolidar su propia legitimidad autoritaria. Si Murillo consigue presentar a la Iglesia como una fuerza hostil al país y al régimen, puede convertir la persecución religiosa en un mecanismo de cohesión para los sectores adoctrinados que pretende heredar de Ortega.
No sería una innovación. Cuba y otros regímenes autoritarios latinoamericanos recurrieron durante la Guerra Fría al mismo método: identificar como enemigos internos a las instituciones capaces de conservar autoridad independiente y utilizar esa enemistad para justificar la concentración del poder.
Washington debería dejar de contemplar la ofensiva contra la Iglesia como un episodio separado de la política sucesoria de Managua. La persecución religiosa es una pieza fundamental del proyecto mediante el cual Murillo pretende consolidarse antes y después de la desaparición política de Ortega.
Estados Unidos debe ampliar de manera contundente las sanciones contra quienes ejecutan esa persecución dentro del régimen, pero no debería detenerse allí. Managua necesita enfrentar una presión económica mucho más severa.
Existe ya una base concreta para hacerlo. Una investigación realizada bajo la Sección 301 comprobó graves violaciones de derechos humanos y ataques deliberados del régimen contra empresas estadounidenses. A pesar de ello, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) se negó a retirar a Nicaragua los beneficios comerciales que recibe mediante el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR).
La administración Trump debe reconsiderar esa decisión complaciente. También debe coordinarse activamente con los gobiernos de la región y con la Unión Europea para imponer al régimen costes políticos y económicos que no pueda eludir por su represión y por la aniquilación sistemática de cualquier resto de vida democrática.
La lógica de Murillo no tiene nada de misteriosa. Cuanto más consiga destruir a la última autoridad moral verdaderamente independiente de Nicaragua, más sencillo será apropiarse de la dictadura que Ortega ha construido durante décadas. Cada sacerdote expulsado, cada templo cerrado, cada procesión prohibida y cada propiedad confiscada elimina un obstáculo potencial a su sucesión.
Y el precio de ese proyecto no lo pagarán Murillo ni Ortega.
Lo pagarán ciudadanos cristianos inocentes con su libertad, sus bienes y sus vidas. Ese será el coste real de una sucesión tiránica diseñada para garantizar que, cuando desaparezca un dictador, la dictadura permanezca intacta.
