El ministro de Finanzas y presidente de Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, presentó este martes una petición ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, de frenar la apertura de ofertas y la proclamación de ganadores del concurso de construcción E1.
Smotrich presentó la acción a título personal y cubrió sus gastos con fondos propios, después de que la asesoría jurídica del Estado se negara a representarlo. En su petición sostiene que la intervención de Baharav-Miara impide avanzar un proyecto nacional que considera de máxima importancia y que, a su juicio, la decisión carece de base legal.
El concurso contempla la comercialización de terrenos para 1.234 viviendas distribuidas en siete sectores de Mevaseret Adumim, en Maale Adumim. La autorización política para impulsar el proyecto se concedió en octubre de 2025, antes del anuncio de la campaña electoral.
La petición afirma que las etapas del concurso siguieron calendarios fijados con antelación por los equipos profesionales y que los responsables políticos no intervinieron en ese proceso. La decisión de la fiscal general detuvo la culminación del procedimiento.
El área E1 ocupa el centro de la disputa por su ubicación entre Jerusalén y Maale Adumim. Smotrich sostiene que el desarrollo de la zona afecta a la continuidad territorial israelí y judía y que su paralización podría facilitar la creación de un Estado palestino.
El ministro acusó a Baharav-Miara de actuar junto con actores políticos y citó al exjefe militar Gadi Eisenkot, quien había anunciado que cancelaría la construcción en E1. Smotrich afirmó que la fiscal general se ha convertido en un instrumento de la izquierda israelí y sostuvo que no existe otra explicación para su decisión.
También acusó a Baharav-Miara de abusar de las facultades de su cargo. Smotrich señaló que existe un problema institucional porque, en este caso, la misma funcionaria que bloquea la medida también determina quién puede representar al ministro ante los tribunales.
El ministro volvió a defender la separación de las funciones de la fiscal general y una regulación distinta de sus competencias. Añadió que el bloque pretende completar en la próxima legislatura su programa de cambios al sistema judicial y modificar el equilibrio entre los poderes del Estado.
