Docentes de la Universidad de Columbia interpusieron una demanda contra la administración Trump tras la retirada de 400 millones de dólares en fondos federales, decisión que atribuyen a acusaciones infundadas de antisemitismo. La querella, presentada ante la Corte Federal de Manhattan, denuncia una interferencia política que consideran injustificada en la autonomía universitaria.
El sindicato de profesores sostiene que el gobierno federal ignoró los procesos legales establecidos al cancelar contratos y amenazar con nuevas suspensiones para forzar a Columbia a aceptar sus condiciones. Según los demandantes, las agencias involucradas no ofrecieron la oportunidad de audiencia ni respetaron los plazos reglamentarios antes de revocar el financiamiento.
Desde el campus, Reinhold Martin, presidente del capítulo local de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, cuestionó el silencio de otras instituciones ante lo que calificó como un ataque frontal a la libertad académica. “El discurso cívico y las libertades democráticas están bajo amenaza directa”, afirmó.
Mientras tanto, los departamentos de Educación y Justicia, señalados en la demanda, han evitado pronunciarse. Este último lidera un grupo especial que ha influido en la respuesta federal ante protestas propalestinas en Columbia, incluidas medidas represivas contra estudiantes.
En un intento por recuperar los fondos, la universidad aceptó condiciones impuestas por la administración, entre ellas la supervisión federal de su departamento de estudios de Medio Oriente y otorgar poderes de arresto al personal de seguridad. También adoptó restricciones sobre protestas y el uso de cubrebocas en el campus. Estas concesiones llegan en un contexto donde las subvenciones públicas representaron una quinta parte del presupuesto operativo de la institución el año pasado.
Pese a estos cambios, el Departamento de Educación aún no ha reactivado el financiamiento, aunque ha señalado avances en la dirección adecuada. Sin embargo, la comunidad académica critica lo que considera una imposición de condiciones inconstitucionales y advierte sobre el efecto paralizante que estas medidas ya han generado.
Un caso citado en la demanda revela cómo un estudiante rechazó un ensayo sobre derechos reproductivos por miedo a posibles represalias del gobierno. Además, los recortes han afectado investigaciones vitales en salud pública, incluida la lucha contra el Alzheimer, mejoras en salud materna y desarrollos en tratamientos oncológicos.
Los abogados de los profesores argumentan que la administración debía agotar mecanismos de cooperación antes de recurrir a la cancelación abrupta de fondos, incumpliendo así con las obligaciones legales correspondientes.
