Las catorce comunidades israelíes que integran el Homeward Forum, todas ellas gravemente afectadas por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, afrontan una etapa en la que reparar viviendas y atender a los evacuados ya no son sus únicas tareas. Sus dirigentes quieren que la reconstrucción permita también desarrollar negocios y crear fuentes de ingresos capaces de sostener la vida en la región fronteriza con la Franja de Gaza a largo plazo.
Para avanzar en ese objetivo, el foro creó The Homeward Corporation, denominada también Ta”agid Habaita. La nueva entidad conecta la experiencia empresarial de los responsables de los kibutzim con cuatro consejos regionales de la zona. Ya obtuvo una licitación convocada por esos consejos para ejecutar proyectos comunes. Entre las primeras iniciativas figuran un hotel y un complejo de viviendas protegidas con servicios de atención para personas mayores.
El modelo previsto asigna a los consejos regionales la aportación de terrenos, la obtención de permisos y la gestión de ayudas públicas y filantrópicas. Un promotor privado participaría como socio de cada proyecto. Así, las autoridades locales podrían percibir dividendos además de la arnona, el impuesto municipal sobre la propiedad que generarían las instalaciones. El foro busca pasar de una economía dependiente del apoyo recibido a otra que produzca recursos propios.
Ese cambio de prioridades no significa que hayan terminado las consecuencias del ataque. Ziv Mazliach, presidente del Homeward Forum y residente de Kfar Aza, llegó a una entrevista pocos minutos después de asistir a un funeral. Explicó que en su agenda figuraba desde hacía dos meses el entierro de una joven que había recibido una sepultura provisional tras el 7 de octubre y cuyos restos fueron enterrados de nuevo en el kibutz. Para las comunidades afectadas, las ceremonias de despedida y las decisiones sobre su futuro aún pertenecen a la misma realidad.
En los meses posteriores al ataque, el trabajo del foro se concentró en alojar a los evacuados en hoteles y residencias temporales, organizar traslados, tramitar compensaciones y discutir los presupuestos para la rehabilitación. También tuvo que afrontar obstáculos regulatorios. Eden Bizman, su director general y antiguo jefe de gabinete de Naftali Bennett durante su etapa como primer ministro, explica que el primer año estuvo dedicado a la recuperación inmediata. La pregunta sobre cómo crecer llegó después.
Uno de los problemas afectaba a las llamadas “casas profanadas”. Son viviendas que permanecían en pie, pero donde habían ocurrido hechos tan graves que sus habitantes no podían afrontar el regreso. Como no estaban destruidas, las familias encontraban dificultades para obtener una parcela distinta en la que empezar de nuevo. El foro intervino para buscar una solución a esa situación sin exigir que el edificio original hubiera sido demolido.
También hubo discrepancias sobre las ayudas para regresar a las comunidades consideradas “rojas”, aquellas donde era necesario derribar las viviendas. Cuando las condiciones permitieron contemplar su retorno, sus residentes descubrieron que el incentivo recibido previamente por otros evacuados no les correspondía de la misma manera. Tras las gestiones y disputas sobre ese tratamiento, se diseñó un programa de ₪75 000 000.
La magnitud material de la reconstrucción ya era considerable en abril de 2024. Una propuesta gubernamental estimó entonces los daños en las comunidades próximas a Gaza en más de ₪5 300 000 000. Alrededor de 1.000 millones correspondían únicamente a Be”eri, Nir Oz y Kfar Aza, los tres lugares más castigados. Esos cálculos no incluían la atención psicológica de cientos de personas que sufrieron traumas. Mazliach reconoce que el Estado ha destinado cuantiosos fondos al sur, pero considera que la discusión decisiva ahora es cómo distribuirlos y conseguir resultados duraderos.
Otro interrogante tiene una fecha precisa: el 1 de enero de 2029. Ese día está previsto que concluya el mandato de la Dirección de Tkuma, el organismo gubernamental creado para coordinar la rehabilitación de la zona. El foro teme perder con su desaparición una estructura que presta servicios surgidos de las necesidades posteriores al ataque. Bizman advierte que las circunstancias de un niño que quedó huérfano no cambiarán porque termine el trabajo de la agencia.
Mazliach, que también preside el kibutz Nir Yitzhak y dirige una consultora especializada en negocios rurales, vincula las nuevas iniciativas con la evolución económica de la región. Recuerda que, durante su infancia, la agricultura era la principal actividad local. En la década de 1970 se estableció la fábrica de plásticos Kafrit. Después de la crisis financiera que afectó a los kibutzim en los años ochenta, se reorganizó su economía y volvió a abrirse una etapa de expansión. Actualmente, los catorce miembros del foro desarrollan, en conjunto, actividades empresariales por más de ₪2 000 000 000 anuales.
Sin embargo, la capacidad económica no resuelve por sí sola la decisión de vivir otra vez junto a Gaza. Mazliach afirma que sus habitantes todavía no han recuperado la sensación de seguridad. Considera especialmente preocupante la posibilidad de que familias con capacidad para establecerse en otro lugar decidan marcharse definitivamente. Las inversiones en educación, empleo y viviendas dependen, en último término, de que las personas quieran permanecer allí dentro de diez o veinte años.
El presidente del foro considera que era necesario pensar en el futuro incluso cuando todavía no estaban identificados todos los muertos y secuestrados del ataque. Recuerda que el 8 de octubre de 2023, antes de que hubieran podido enterrar a las víctimas, ya defendía la necesidad de organizarse. Su planteamiento consistió en actuar con la expectativa de que la situación mejoraría, en vez de esperar a tener garantías de que los planes tendrían éxito.
El nombre Homeward Forum expresa el propósito inicial de facilitar el regreso a los lugares evacuados y destruidos. No obstante, Mazliach insiste en que esa posibilidad no debe convertirse en una obligación. Algunas personas soportaron durante horas el ataque dentro de habitaciones protegidas y tuvieron que afrontar decisiones extremas para intentar salvar a sus hijos. Para ellas, no volver puede ser una elección legítima. Las comunidades, explica, pueden acompañar más fácilmente a quienes regresan. Cuando una familia opta por vivir en otro lugar, considera indispensable que el Estado asuma la responsabilidad de atenderla.
