La elección de un nuevo presidente de los EE.UU., Joe Biden, se produjo con un amplio apoyo judío en varios Estados indecisos. Ha llegado el momento de preguntar cómo puede el nuevo presidente expresar su aprecio a su circunscripción judía.
Biden puede lanzar su presidencia con acciones decisivas contra una amenaza a la vida de todos los judíos. Los judíos que apoyan a Biden pueden pedirle que haga lo que ningún otro presidente de los EE.UU. ha hecho: exigir la derogación del estatuto promulgado por la Autoridad Palestina en 2015, que creó la primera legislación de la historia para fomentar una ley sin precedentes que honra formalmente a todo aquel que asesine a un judío, en cualquier parte del mundo, con una gratificación de por vida.
Esa gratificación sin precedentes de la Autoridad Palestina por asesinar a un judío se concede al asesino y a la familia del agresor de por vida. El electorado judío de Biden puede pedirle que condicione el apoyo a una entidad palestina a la demanda de que la AP anule la legislación que proporciona honorarios automáticos a cualquiera que asesine a un judío.
La circunscripción judía de Biden puede recordar al nuevo presidente que, en virtud de la Ley de Facilitación de la Paz en Oriente Medio de 1995 (conocida comúnmente como MEPFA), el Congreso de los EE.UU. proporcionó autoridades, requisitos y restricciones a normas y expectativas específicas al tratar con la AP.
Estas restricciones, promulgadas durante la administración de un presidente demócrata, Bill Clinton, determinaron que el nuevo presidente y el nuevo Congreso deben certificar continuamente que la OLP y su brazo administrativo, la AP, cumplen los compromisos contraídos de buena fe para aplicar la Declaración de Principios del proceso de paz de Oslo y, específicamente, “los compromisos de la OLP pertinentes a las certificaciones presidenciales han incluido compromisos de renuncia y condena del terrorismo, presentar al Consejo Nacional Palestino para su aprobación previa los cambios necesarios en los artículos del Pacto Palestino que piden la destrucción de Israel, y evitar los actos de terrorismo y las hostilidades contra Israel”.
Los partidarios judíos de la paz del nuevo presidente pueden exigirle que cumpla con los requisitos de la legislación del MEPFA – que se reúna con los comités apropiados del Congreso de los EE.UU. que se supone que deben supervisar la denuncia del terrorismo y el compromiso con la paz por parte de la AP, que afirman que “el Presidente también tiene la obligación de supervisar continuamente y asegurar que la AP ha cumplido con todos sus compromisos, como se establece expresamente en el SEC 604 (b)(4). Además, el presidente tiene la obligación de volver a certificar estas conclusiones al Congreso cada seis meses”.
Ese proceso de recertificación incluye, entre otros requisitos, “detener toda incitación antiamericana y antiisraelí en los medios electrónicos e impresos controlados por la Autoridad Palestina y en las escuelas, mezquitas y otras instituciones que controla, y reemplazar los materiales educativos, incluidos los libros de texto, por materiales que promuevan la paz, la tolerancia y la coexistencia con Israel”.
Esa misma ley estadounidense ordena a Biden que determine si la Autoridad Palestina está afiliada o trabaja con Hamás o cualquier otra organización terrorista extranjera. Si el presidente sospecha tales cosas, “instará a los miembros de la comunidad internacional a que eviten el contacto con la organización terrorista Hamás y se abstengan de apoyarla hasta que ésta acepte reconocer a Israel, renunciar a la violencia, desarmarse y aceptar acuerdos previos”.
De conformidad con la limitación de la asistencia a la “Cisjordania” y Gaza, la ley estadounidense ordena que los fondos de asistencia extranjera de los EE.UU. en beneficio de la AP solo pueden proporcionarse si el nuevo secretario de Estado certifica a los comités correspondientes del Congreso que la AP, la OLP o sus afiliados han adoptado ciertas medidas en pro de la paz.
Esta certificación se requiere cada 180 días.
Mientras tanto, los entusiastas judíos de Biden, que se preocupan profundamente por el futuro de la entidad árabe palestina, pueden pedir al nuevo gobierno de Biden que siga una nueva política con respecto a la UNRWA, una que no permita que otro gobierno estadounidense sea testigo de cómo cinco millones de descendientes de refugiados árabes de la guerra de 1948 son confinados a perpetuidad a la indignidad de los campos de refugiados, bajo la falsa esperanza del derecho al retorno a las aldeas que existían hace 73 años.
El campamento de paz judío que apoyó la candidatura de Biden puede empujar al nuevo gobierno a pedir al UNRWA que adopte los principios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -que se aplican a todos los demás refugiados del mundo- y que ordene al UNRWA que reasiente permanentemente a los refugiados árabes de la guerra de 1948.
En resumen, hay mucho que la administración Biden puede hacer si quiere establecer un legado de Oriente Medio que perdure.
Ahora es el momento de que un nuevo presidente lance una valiente iniciativa para eliminar una causa fundamental de la violencia en el Medio Oriente, y eliminar la etiqueta de “refugiado” de millones de árabes palestinos que han sido marcados con ese estatus desde 1949.
David Bedein es el director del Centro Bedein de Investigación de Políticas para el Cercano Oriente
