Actualmente, estamos presenciando el mayor auge de antisemitismo en la memoria reciente. Sin embargo, esa constatación no debe llevarnos a pensar que el mundo antes de octubre de 2023 era un lugar seguro para el pueblo judío. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la masacre perpetrada por Hamás en Israel, han ocurrido innumerables episodios que han demostrado que el odio y la desconfianza hacia los judíos como colectivo no desaparecieron con los nazis.
Este año se conmemora el 50º aniversario de uno de los estallidos más infames de ese odio, cuyas consecuencias aún persisten: la aprobación, el 10 de noviembre de 1975, de la Resolución 3379 por la Asamblea general de la ONU, que declaró que el sionismo, el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, era una forma de racismo.
Israel y sus aliados tienen ocho meses para decidir si ese aniversario será recordado como una victoria póstuma o como un día de duelo.
Es cierto que se podría argumentar que la victoria ya llegó en 1991, cuando, tras la expulsión de Irak de Kuwait y el intento de Estados Unidos de promover negociaciones de paz en la región, la diplomacia estadounidense—que en ese momento, tras el fin de la Guerra Fría, no tenía un rival serio—logró que la Asamblea general revocara la resolución de 1975. Pero, lamentablemente, fue una victoria efímera por dos razones.
Primero, la ideología antisionista que sustentaba la resolución sigue vigente. Orquestada por la Unión Soviética, la Resolución 3379 denunciaba el sionismo como una “amenaza para la paz y la seguridad mundial”. Además, vinculaba explícitamente a Israel con los antiguos regímenes de minoría blanca en Sudáfrica y Zimbabue para justificar las acusaciones de “racismo” y “apartheid”. Esas acusaciones resultarán inquietantemente familiares para los estudiantes judíos universitarios de hoy, quienes enfrentan el embate pro-Hamás y nacieron mucho después de 1975.
Segundo, aunque la Asamblea general anuló la Resolución 3379, la burocracia pro-palestina creada dentro de la ONU en ese mismo período sigue existiendo. Como consecuencia, el organismo internacional sigue actuando como si la premisa de “el sionismo es racismo” aún estuviera vigente. Si el aniversario de noviembre ha de llevar un mensaje de esperanza para israelíes y judíos, es imperativo abordar y desmantelar esa burocracia y su maquinaria propagandística.
En los 18 meses transcurridos desde el pogromo de Hamás en Israel, hemos visto esa burocracia en acción. La UNRWA, la agencia creada originalmente en 1949 para atender a la primera generación de refugiados árabes tras la Guerra de Independencia de Israel, se ha mantenido como un pilar de la propaganda antiisraelí, sin inmutarse ante la revelación de que decenas de sus empleados eran operativos de Hamás. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que dedica un punto entero de su agenda a Israel en cada una de sus tres sesiones anuales mientras ignora violaciones sistemáticas en países como Rusia, Irán y Corea del Norte, publicó la semana pasada una serie de acusaciones fabricadas disfrazadas de “informe”, que Israel calificó de “libelo de sangre”. Mientras tanto, una de las figuras más abiertamente hostiles hacia Israel, Francesca Albanese, sigue ocupando el cargo de relatora especial de la ONU para los “territorios palestinos ocupados”.
Es momento de centrarse en los elementos de la burocracia propalestina que operan de manera más discreta. El Departamento de Asuntos Políticos de la ONU cuenta con una División de Derechos del Pueblo Palestino, encargada de ejecutar la agenda del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, integrado por 25 miembros y 24 observadores de distintos Estados miembros. La abolición de este comité, y con ello de la división que lo respalda, debería convertirse en un objetivo explícito del Estado de Israel, de las diversas organizaciones no gubernamentales judías con estatus de observador en la ONU y de la comunidad más amplia de grupos de investigación y defensa que luchan por la igualdad soberana de Israel dentro del sistema de Naciones Unidas.
Este comité fue creado el mismo día en que se aprobó la resolución “El sionismo es racismo”, con el propósito de materializar el manifiesto antisionista que representaba. Los “derechos inalienables” que promueve incluyen “el ejercicio por parte de los palestinos de su derecho inalienable a regresar a sus hogares y propiedades de las que han sido desplazados y desarraigados”. Vale la pena prestar atención a la terminología utilizada: no se habla de “refugiados palestinos de la guerra de 1948-49”, sino de todos los palestinos, incluyendo aquellos nacidos después de 1948 en el mundo árabe, Europa, América del Norte y América Latina. No hace falta demasiado análisis para entender que esta es una fórmula para la eliminación de la soberanía judía en la tierra de Israel, la misma idea que impulsa el actual movimiento de solidaridad pro-Hamás, otorgándole una falsa apariencia de lucha por los derechos humanos.
Se estima que el costo de operar este comité asciende a 6 millones de dólares anuales. Como escribí pocos meses después de la investidura de Donald Trump en su primer mandato presidencial: “En términos de organizaciones internacionales, esa cifra puede parecer poco relevante, pero si se considera en qué se gasta ese dinero, el hecho es poco menos que obsceno. Uno podría suponer que el presidente Trump lo comprenderá de inmediato y actuará en consecuencia”. La aversión de Trump a las burocracias infladas y políticamente sesgadas no ha cambiado con el tiempo. Por ello, y por otras razones, es razonable esperar que cuando la excongresista de Nueva York Elise Stefanik sea finalmente confirmada como embajadora de Estados Unidos ante la ONU, convertir el desmantelamiento de este comité en una prioridad.
El pasado septiembre, cuando la Asamblea general aprobó una resolución exigiendo la retirada inmediata de Israel de Judea y Samaria, y advirtió que el Estado judío “debe asumir las consecuencias legales de todos sus actos ilícitos a nivel internacional”, Elise Stefanik emitió una dura respuesta.
“La ONU aprobó abrumadoramente una vergonzosa resolución antisemita para exigir que Israel se rinda ante terroristas bárbaros que buscan la destrucción tanto de Israel como de Estados Unidos”, declaró. “Una vez más, la podredumbre antisemita de la ONU queda en plena exhibición al castigar a Israel por defenderse y premiar a terroristas respaldados por Irán”.
Esa “podredumbre” a la que Stefanik se refería es (como sin duda sabe) institucional y estructural, arraigada en el corazón de la organización desde hace al menos 50 años. Ya en 1965—dos años antes de que la Guerra de los Seis Días diera a Israel el control de Judea y Samaria, Gaza y Jerusalén oriental—la Unión Soviética insistió en las sesiones de redacción de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en que se incluyera una condena explícita al “sionismo” junto con el “nazismo” y el “antisemitismo”. Como observó el académico israelí Yohanan Manor, los debates en torno a la convención “demostraron a los árabes y a la Unión Soviética que era posible lograr la condena del sionismo si encontraban la manera de asegurarse el apoyo del bloque afroasiático”.
Diez años después, lo consiguieron con la aprobación de la Resolución 3379.
¿Cómo podría lograrse la abolición del comité? Hace años, el difunto diplomático estadounidense Richard Schifter me dijo: “Un número significativo de embajadores en Nueva York vota contra Israel sin recibir instrucciones de sus gobiernos. Como estas resoluciones implican cuestiones presupuestarias, requieren una mayoría de dos tercios según lo establecido en la Carta de la ONU. La solución al problema es dirigirse directamente a los jefes de gobierno y lograr que den instrucciones específicas a sus embajadores sobre cómo votar”.
Existe un precedente para ello: en agosto de 2020, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, retiró a su país del comité solo unos meses después de asumir el cargo. Dado su compromiso con la protección de Israel dentro de la ONU y sus agencias y departamentos, Estados Unidos debe perseguir el mismo resultado con el mayor número de países posible, entre ahora y noviembre y, si es necesario, más allá.
