Alemania cuestionará este lunes ante la Corte Internacional de Justicia la demanda presentada por Nicaragua, que acusa a Berlín de facilitar actos de genocidio en Gaza mediante el suministro de armas y otro apoyo militar a Israel.
Nicaragua sostiene que Alemania viola la Convención sobre el Genocidio y el derecho internacional humanitario. Aunque el caso se dirige contra Berlín, también pone bajo examen de forma indirecta la campaña militar israelí en Gaza iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Israel no forma parte del proceso y rechaza de manera tajante que sus acciones constituyan genocidio.
La audiencia de este lunes en La Haya se centrará en las objeciones planteadas por Alemania sobre la competencia de la corte para conocer el caso.
La guerra ha causado decenas de miles de muertos palestinos y una amplia destrucción en Gaza. Desde el alto el fuego anunciado el año pasado, más de 1.300 palestinos han muerto por fuego israelí, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás, que no distingue entre civiles y combatientes.
Las FDI afirman que cinco soldados israelíes murieron durante ese mismo periodo.
Alemania ha sido durante décadas uno de los principales aliados de Israel y es su segundo mayor proveedor de armas después de Estados Unidos.
Berlín rechaza las acusaciones de Nicaragua. La jefa del equipo jurídico alemán, Tania von Uslar-Gleichen, afirmó en una audiencia anterior que las alegaciones carecen de fundamento fáctico y jurídico.
El año pasado, Alemania dejó temporalmente de autorizar exportaciones de material militar que pudiera utilizarse en Gaza, aunque posteriormente levantó esas restricciones.
En 2024, la CIJ rechazó una solicitud urgente de Nicaragua para ordenar a Alemania que suspendiera su ayuda militar y de otro tipo a Israel. Sin embargo, el tribunal no desestimó el caso.
El proceso se suma a otras acciones legales relacionadas con la guerra. Sudáfrica presentó en 2023 una demanda contra Israel ante la misma corte por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio.
En enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir muertes, destrucción y posibles actos de genocidio en Gaza. Dos meses después, le exigió mejorar la situación humanitaria y facilitar la entrada de alimentos, agua, combustible y otros suministros.
Sudáfrica sostiene que Israel incumplió en gran medida esas órdenes.
Tanto la demanda sudafricana contra Israel como la nicaragüense contra Alemania se basan en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Expertos independientes encargados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una organización internacional de especialistas en genocidio han concluido que Israel viola ese tratado, aunque solo un tribunal internacional puede emitir una determinación jurídica definitiva.
Israel rechaza esa acusación y sostiene que intenta evitar daños a civiles, mientras responsabiliza a Hamás por operar desde zonas densamente pobladas.
Los procesos ante la CIJ pueden prolongarse durante años. En mayo, el tribunal fijó noviembre de 2027 como fecha límite para que Sudáfrica presente sus alegatos escritos y mayo de 2029 para la respuesta de Israel. Las audiencias sobre el fondo de ese caso probablemente no comenzarán antes de finales de 2029.
En procedimientos separados ante la Corte Penal Internacional, también con sede en La Haya, existen órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza.
La CPI sostiene que existen motivos para creer que utilizaron el hambre como método de guerra y atacaron deliberadamente a civiles. Los funcionarios israelíes rechazan esas acusaciones.
Estados Unidos respondió imponiendo sanciones a varios funcionarios de alto rango de la CPI, incluidos nueve de sus 18 jueces.
