Tras reunirse en Ankara con el líder sirio Ahmed al-Sharaa el pasado 8 de julio, Donald Trump decidió excluir a Siria del registro del Departamento de Estado sobre países promotores del terrorismo. El mandatario estadounidense formalizó ese mismo día la notificación ante el Congreso, órgano que ahora dispone de un plazo de revisión de 45 días para evaluar la medida antes de su entrada en vigor.
Damasco compartía de manera ininterrumpida esta categoría con naciones como Irán, Corea del Norte y Cuba desde la creación del listado en 1979. Para que el proceso de reconstrucción del país avance, tras más de una década de guerra civil y la caída del régimen de Assad en 2024, el Ejecutivo requiere suspender las restricciones impuestas por esta designación. Dichas normativas bloquean las exportaciones de material de defensa, la asistencia exterior de Estados Unidos y las transacciones financieras.
La voluntad del presidente estadounidense de respaldar esta etapa de recuperación quedó plasmada en una misiva enviada a al-Sharaa después del encuentro bilateral. En ella, Trump le manifestó: “Prometí eliminar todos los obstáculos que les impiden reconstruir su país [.]. Tenemos empresas estadounidenses dispuestas a invertir en Siria y a contribuir para que su país sea más grande y próspero que nunca”.
La exclusión responde al profundo cambio político ocurrido en diciembre de 2024, cuando la coalición islamista liderada por al-Sharaa cerró medio siglo de dominio de la familia Assad. El Estado que ingresó en el listado hace décadas, y que alcanzó el estatus de sinónimo de guerra química y terrorismo, operaba primero bajo el mando de Hafez al-Assad y luego de su hijo Bashar.
Durante esa etapa, los Assad forjaron alianzas estratégicas con Teherán, brindaron apoyo a Hezbolá y a otras facciones extremistas, y consolidaron al país como un pilar en la red de poder regional iraní. La guerra que estalló en 2011 facilitó además que Al Qaeda e iSIS tomaran el control de vastas zonas del territorio sirio.
Bajo el análisis actual, la designación como Estado patrocinador del terrorismo debe reflejar la conducta del gobierno en el poder y no aplicarse como una condena permanente anclada a un territorio. Como antecedente, otras naciones como Irak, Sudán y el antiguo Yemen del Sur entraron o salieron de la lista al experimentar relevos institucionales o tras alterar su nivel de cooperación con Washington.
Para demostrar la ruptura definitiva con la era de los Assad, la administración de al-Sharaa ha ejecutado políticas de distanciamiento. Un paso decisivo fue el ingreso del país, en noviembre de 2025, como el nonagésimo miembro de la Coalición Mundial contra ISIS, liderada por Estados Unidos.
Esta alianza permitió que, en apenas un mes, las tropas estadounidenses coordinaran más de 22 operativos con las fuerzas locales, con un saldo de cinco integrantes de ISIS muertos y otros 19 capturados. Asimismo, el gobierno sirio facilitó las labores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. La intervención de la agencia permitió documentar y destruir el arsenal tóxico que el aparato militar de Bashar al-Assad mantuvo oculto por años.
En el plano geopolítico, Washington valora la desconexión entre Damasco y el llamado “Eje de la Resistencia” iraní como una de las mayores ventajas estratégicas de la década. En el pasado, Irán empleaba una ruta terrestre a través de Irak y Siria para proveer de armas y equipos a Hezbolá en el Líbano. Naim Qassem, dirigente de esta organización armada, reconoció en declaraciones públicas que la caída de la familia Assad les arrebató esa vital vía de abastecimiento.
La pérdida de influencia de Teherán sobre el territorio sirio debilita directamente a Hezbolá, corta el corredor terrestre hacia el Levante y abre para Estados Unidos la oportunidad, aún incierta, de sumar un socio en la región. Para favorecer los intereses estadounidenses, basta con esta nueva orientación geopolítica, sin que Siria necesite alcanzar la estabilidad de aliados como los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita.
La fiabilidad personal de al-Sharaa plantea, no obstante, otro tipo de interrogantes. Antes de asumir una imagen civil, el actual presidente comandó el Frente al-Nusra, la filial siria de Al Qaeda. Aunque oficializó su ruptura con la red extremista en 2016 y la Organización de las Naciones Unidas retiró su nombre de las sanciones por terrorismo en 2025, estos actos no acreditan un cambio de conducta sustancial.
La nación no avanza hacia un modelo de democracia plural y carece de principios igualitarios. La violencia de origen sectario persiste. Algunos grupos armados que hoy integran la estructura gubernamental enfrentan acusaciones de participar en crímenes como los combates en Suwayda, provincia de mayoría drusa, y las matanzas de alauitas en la región costera.
Frente a este escenario, la política de Trump se sostiene en el pragmatismo antes que en la confianza individual. El nuevo líder sirio cuenta con incentivos críticos para sostener la alianza con Occidente. Su administración necesita con urgencia captar inversión extranjera, aliviar las sanciones y ganar reconocimiento internacional para afianzar su legitimidad y concretar la reconstrucción del país.
Eliminar a Siria del registro de patrocinadores del terrorismo es una apuesta, pero calculada. Washington parte del supuesto de que los beneficios de cooperar con Estados Unidos resultan más atractivos que un retorno al extremismo y al aislamiento. Las circunstancias actuales y las urgencias de Damasco configuran, por primera vez en cincuenta años, una oportunidad real de que la maniobra funcione.