Organizaciones de derechos humanos expresaron su consternación ante la posibilidad de que las autoridades iraníes ejecuten próximamente a más jóvenes acusados de participar en las protestas antigubernamentales masivas de enero.
En las últimas semanas, funcionarios de la República Islámica han llevado a cabo ejecuciones casi todas las semanas, incluidas algunas de carácter público en la ciudad de Isfahán.
Según observadores internacionales, estos casos parecen inscribirse en una estrategia más amplia de Teherán para mostrar tolerancia cero frente a la disidencia, mientras el país permanece inmerso en una guerra con Estados Unidos.
Iran Human Rights (IHR), una ONG independiente con sede en Noruega, informó en un comunicado que el Tribunal Supremo de Irán ratificó la condena a muerte de Benyamin Naghdi, un joven de 26 años detenido durante las protestas de enero en Shiraz.
De acuerdo con la organización, el Tribunal Revolucionario de Shiraz lo sentenció a muerte después de que fuera arrestado por rociar con un extintor a agentes de las fuerzas de seguridad que se desplazaban en motocicletas. Su abogado ha solicitado la celebración de un nuevo juicio.
Naghdi, luchador de MMA y kickboxer, fue acusado de “la pertenencia a grupos que interrumpen la seguridad nacional, la reunión y la colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional y actividades propagandísticas contra el sistema”, según declaró su abogado, Mostafa Nili, a un medio iraní.
IHR y Amnistía Internacional sostienen que la condena se basó en una “confesión forzada”, difundida por la televisión estatal. Naghdi fue declarado culpable de “corrupción en la tierra”, un delito castigado con la pena de muerte.
Trece expertos que ejercieron como relatores especiales de la ONU afirmaron el lunes que las autoridades de la República Islámica parecían decididas a sofocar cualquier forma de disidencia. Miles de personas murieron durante la represión del régimen contra las protestas, aunque algunos grupos han elevado considerablemente esa cifra.
