NACIONES UNIDAS (AP) – Irán ejecutó a más de 250 personas, incluidos al menos cuatro niños delincuentes, en 2020 y en lo que va de este año ha llevado a cabo 230 ejecuciones que incluyen a nueve mujeres y un niño que fue ejecutado en secreto, dijo el lunes el investigador independiente de la ONU sobre derechos humanos en Irán.
Javaid Rehman declaró ante la comisión de derechos humanos de la Asamblea General de la ONU que Irán sigue aplicando la pena de muerte “a un ritmo alarmante” y afirmó que “la ausencia de estadísticas oficiales y la falta de transparencia en torno a las ejecuciones hacen que esta práctica escape al escrutinio, lo que da lugar a graves abusos que impiden la rendición de cuentas”.
Según Amnistía Internacional, Irán fue el principal verdugo en Oriente Medio el año pasado, con más de la mitad de las 493 ejecuciones de la región, seguido de Egipto, Irak y Arabia Saudita. Las cifras anuales de Amnistía excluyen a China, donde se cree que hay miles de ejecuciones clasificadas como secreto de Estado, y omiten las ejecuciones de algunos países marcados por el conflicto, como Siria.
Rehman dijo que su último informe pone de manifiesto la grave preocupación que suscitan los motivos que Irán utiliza para imponer la pena de muerte, como “vagas acusaciones de seguridad nacional”. Irán también tiene “procesos judiciales profundamente defectuosos, en los que faltan incluso las salvaguardias más básicas”, dijo.
“Estos elementos, y la gran dependencia de los tribunales de las confesiones forzadas obtenidas bajo tortura y otras violaciones de las normas de un juicio justo, me llevan a concluir que la imposición de la pena de muerte en la República Islámica de Irán constituye una privación arbitraria de la vida”, afirmó Rehman.
Rehman, profesor de origen paquistaní de derechos humanos y derecho islámico en la Universidad de Brunel, en Londres, consideró “imperativo” que Irán emprenda reformas en materia de derecho penal y justicia, empezando “urgentemente” por una moratoria de la pena de muerte para los menores delincuentes.
Dijo que más allá de las ejecuciones, la situación general de los derechos humanos en Irán “sigue siendo sombría”. Señaló la “persistente impunidad de las graves violaciones de la legislación sobre derechos humanos”, incluidas las cometidas por personas en posiciones de poder y “en el más alto nivel de los cargos públicos”.
“Las elecciones presidenciales de junio de este año ponen claramente de manifiesto este punto”, dijo Rehman. No dio más detalles, pero el nuevo presidente iraní de línea dura, Ebrahim Raisi, dirigió el poder judicial de Irán en los últimos años y, como fiscal al principio de su carrera, Raisi formó parte de un llamado “panel de la muerte” que decidía quiénes vivirían o serían ejecutados en una purga que, según los activistas, provocó la muerte de hasta 5.000 personas en 1988.
Rehman afirmó que otros factores que contribuyen a la impunidad son “el alarmante nivel de intimidación o persecución de quienes piden responsabilidades”, citando el elevado número de actos de represalia contra familiares de víctimas, defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas que buscan justicia. También se ha producido “un aumento de los ataques contra grupos minoritarios y defensores de los derechos de las minorías”, dijo.
“El uso de la fuerza letal contra manifestantes pacíficos sigue siendo una característica del enfoque de las autoridades respecto al ejercicio del derecho de reunión pacífica”, dijo a la comisión.
Rehman señaló el uso letal de munición real contra personas desarmadas que se manifestaban contra la falta de agua en la provincia occidental de Juzestán en julio, cuando al menos nueve personas, entre ellas un menor, murieron y un gran número de otros manifestantes resultaron heridos.
Dijo que el uso generalizado de la tortura contra los detenidos equivale en muchos casos a una “privación arbitraria de la vida”.
Rehman destacó dos casos: Amirhossein Hatami, preso kurdo que murió después de que, al parecer, los funcionarios de prisiones le golpearan con porras en la cabeza, y las circunstancias poco claras de la muerte en septiembre de Shahin Naseri, preso que prestó testimonio sobre las torturas sufridas por Navid Afkari, ejecutado el año pasado tras participar en las protestas.