La exigencia de que Mansur Abás, presidente de Raam, declare que Hamás es una organización terrorista surgió de una preocupación legítima. Después de la masacre de Simjat Torá, quien aspire a formar parte de un Gobierno que enviará soldados a Gaza debe respaldar esa guerra. Gadi Eisenkot planteó claramente esa condición. El presidente Herzog formuló la pregunta sin rodeos.
Pero vean lo que ocurrió: Abás no lo dijo. Habló de tender puentes, de la familia y de una respuesta inequívoca que prefiere reservarse. Ahora se informa que está dispuesto a dar esa respuesta a cambio de una participación real en la coalición de Gobierno. Es decir, algo que debería darse por sentado adquirió un precio. Y esta historia ya la conocemos.
Desde el discurso de Bar Ilán, Israel exige a Mahmoud Abás que reconozca al país como Estado judío. Como si, sin su firma, no hubiéramos regresado aquí, no hubiéramos construido nada ni enterrado a nuestros muertos. ¿Y qué obtuvimos? Una negativa. ¿Y qué obtuvo él? Una carta para negociar. Cada vez que se lo pedimos, comprendió que tenía algo que vender.
Un pueblo que sabe quién es no espera la aprobación de nadie. Toma decisiones y las hace cumplir. Define su identidad y la ejerce. Francia no le pide a Argelia que la reconozca como Estado de los franceses. Es Francia, sin más.
¿Y Hamás? Hamás ya está reconocido como organización terrorista por el Estado de Israel, conforme a la ley. Y también lo definen los actos que cometió contra nosotros. Los asesinatos. Las violaciones. Los saqueos. Esos crímenes lo definen mejor que cualquier ley. Como los nazis en la generación de nuestros abuelos. Como Amalec en la Biblia hebrea. Y hasta que Hamás sea borrado de la faz de la Tierra, habrá algo en nosotros que no estará completo. Esa definición no necesita ningún sello de aprobación.
Entiendo la tentación. Después de la masacre, queremos escucharlo de boca de todos. Queremos saber que quienes se sientan a nuestra mesa ven lo mismo que nosotros. Es humano. Incluso está justificado.
Pero una declaración hecha a cambio de un cargo ministerial no es un testimonio de convicción: es una transacción. Y la lealtad no se demuestra ante un micrófono en la residencia presidencial. Se demuestra en las votaciones, en los presupuestos y en lo que hace un partido cuando el Gobierno debe tomar decisiones sobre una guerra.
En lugar de evaluar los actos, decidimos evaluar las palabras. Y en lugar de establecer hechos, pedimos reconocimiento.
Eso no es comportarse como un Estado, sino como un niño. Un niño que está en medio del salón de su propia casa y pregunta a los invitados si tiene permiso para vivir allí. Cada invitado que duda se convierte en una amenaza a sus ojos; cada uno que responde afirmativamente recibe un caramelo. Y los invitados aprenden enseguida cuánto vale su vacilación.
Ese es el verdadero problema: un Estado que necesita aprobación convierte su identidad en mercancía. Hoy pagamos por la palabra «terrorismo» con un puesto en la coalición de Gobierno. Mañana pagaremos por la palabra «hogar» con partes de nuestro propio territorio. Porque quien está dispuesto a pagar para escuchar lo que debería ser evidente les enseña a todos que aquello que parecía evidente está sujeto a negociación.
Ochenta años de soberanía y todavía seguimos en la puerta, a la espera de que alguien nos diga que estamos en nuestra propia casa. Quien tiene la certeza de estar en su hogar no pide que lo quieran. Y quien necesita que lo quieran ya no está seguro de su lugar en él.
No hemos aprendido nada.
