El “ministerio de Asuntos Exteriores” de la Autoridad Palestina pidió el miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte Penal Internacional de La Haya “que asuman su responsabilidad legal y moral por el crimen de los asentamientos en curso y que apliquen las resoluciones pertinentes de la ONU, en particular la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU”.
En un comunicado, el “ministerio” condenó la decisión de Israel de sentar las bases para la construcción de 350 nuevas viviendas en Beit El como parte de lo que denominó “una política que pretende anexionar los territorios y frustrar la posibilidad de un Estado palestino independiente y sostenible con Jerusalén Este como capital”.
Acusó al gobierno israelí de “crímenes de asentamientos, demoliciones de viviendas y desplazamientos forzados de civiles palestinos”, citando “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad”.
El “ministerio de Asuntos Exteriores” de la AP también subrayó que “los asentamientos en todas sus formas son ilegales de acuerdo con el derecho y las convenciones internacionales, y que esta cuestión ha sido remitida a la Corte Penal Internacional”.
Según el “ministerio”, su gente sigue presentando informes periódicos a la Corte Penal Internacional sobre lo que ocurre en Judea y Samaria, en un intento de instarle a que acelere la investigación contra Israel.
La AP se adhirió oficialmente a la CPI el 1 de abril de 2015, e inmediatamente presentó una serie de denuncias legales ante el tribunal. Además de afirmar que Israel cometió crímenes de guerra durante la guerra de Gaza de 2014, también afirmó que los “asentamientos” israelíes son “un crimen de guerra en curso”.
La AP está legitimada ante el tribunal desde que la Asamblea General de la ONU reconoció al “Estado de Palestina” como observador no miembro en 2012.
