A lo largo de la última década, la Autoridad Palestina ha dedicado una gran cantidad de energía a “marcarse” internacionalmente como “campeona de los derechos humanos” y víctima de las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel. Entre otras cosas, después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas le concediera la condición de “Estado observador no miembro”, la AP se adhirió a una serie de convenios internacionales relativos a los derechos humanos, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de La Haya y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (la “Convención contra la Tortura”). Su objetivo al firmar estas convenciones era doble Establecer el estatus de la AP como “Estado” y, lo que es más importante, utilizarlos como una herramienta con la que apalear a Israel.
Sin embargo, el uso que hace la AP de estos foros internacionales es cínico y manipulador. La única motivación que le falta es una verdadera intención de cumplir y respetar los derechos humanos. Cualquiera que observe la situación de los derechos humanos en la Autoridad Palestina verá una realidad espantosa, siendo la tortura en las cárceles palestinas sólo un ejemplo de sus atroces violaciones de los derechos humanos básicos. La situación de las mujeres, los niños, los homosexuales y los grupos minoritarios en la AP es aún peor. Según la ley palestina, un marido puede violar a su mujer. Las mujeres son obligadas a casarse con el violador que las ha dejado embarazadas. Los homosexuales son brutalmente perseguidos y los llamados “crímenes de honor” siguen siendo frecuentes. Éstas y otras muchas injusticias son habituales en la Autoridad Palestina y las autoridades las tratan con indulgencia.
Resulta especialmente inquietante la conspiración de silencio por parte de otros países, los medios de comunicación internacionales y los grupos internacionales de derechos humanos. No sólo hacen siempre la vista gorda ante estas violaciones -que conocen-, sino que principalmente culpan obsesivamente a la “ocupación israelí”. De hecho, el tema de la tortura en las cárceles palestinas no es nada nuevo. Ya en 2015, el Shurat Hadin Israel Law Center presentó una queja detallada sobre el asunto ante la CPI.
A pesar de la denuncia, el asunto se evaporó en el aire cuando la fiscal anunció las cuestiones que estaba dispuesta a investigar. La tortura en la Autoridad Palestina no era una de ellas. Su lista de prioridades la encabezan los “crímenes contra la humanidad” perpetrados por Israel. Desde la perspectiva de otros países, el mundo seguiría girando: La AP continuaría con sus flagrantes violaciones de los derechos humanos, seguiría recibiendo cientos de millones de dólares anuales, seguiría abriendo embajadas y consulados en todo el mundo como si fuera un país, y su líder, Mahmud Abbas, seguiría siendo recibido por guardias de honor en sus visitas oficiales. Desde su punto de vista, los cientos de personas asesinadas y torturadas hasta la muerte por la AP no valen un Jamal Khashoggi.
Esta conspiración de silencio pone de manifiesto la hipocresía de otros países, de la CPI, de la ONU, de la prensa internacional y de las organizaciones de derechos humanos, todos ellos negligentes en sus obligaciones y dispuestos a sacrificar sus principios en el altar de la calumnia a Israel, con tal de que no se le caiga un pelo a Mahmud Abbas. Para ellos, esas personas privadas de derechos e indefensas de la sociedad palestina no son más que un inconveniente menor.
