El gobierno de Irán anunció el fin de semana que emprendería acciones legales contra Estados Unidos por el apoyo de funcionarios estadounidenses al movimiento de protesta en curso, un nivel de apoyo que Teherán calificó de “participación directa”, planificación y organización.
La agencia de noticias estatal iraní IRNA informó el sábado de que se había encargado al Departamento de Justicia del país “la presentación de una demanda para investigar los daños y la intromisión infligidos por la participación directa [de Estados Unidos] en los disturbios”. También informó de que se habían presentado demandas similares contra BBC Persian e Iran International, dos cadenas de televisión por satélite en lengua persa con sede en Londres que han cubierto las protestas de forma positiva. El comunicado advertía que el Reino Unido y Arabia Saudita, que se cree que financia a Iran International, “no serán ignorados por el sistema judicial de la República Islámica” por prestar apoyo a las dos cadenas.
No está claro cómo demandaría Irán a Estados Unidos. Aunque los procedimientos judiciales entre países suelen realizarse a través de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el sistema judicial de las Naciones Unidas, Estados Unidos se ha negado a reconocer la jurisdicción del tribunal en el pasado y podría vetar la aplicación de un veredicto en el Consejo de Seguridad de la ONU. El anterior intento iraní de demandar a Washington por su participación en el derrocamiento del ex primer ministro iraní Mohamed Mossadegh en 1953 tampoco llegó a nada.
El movimiento de protesta antigubernamental -iniciado tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una mujer kurda de veintidós años detenida por no llevar correctamente el pañuelo- se ha extendido desde entonces a la mayoría de las principales ciudades de Irán, provocando graves trastornos políticos y económicos. Además de las manifestaciones callejeras, muchas empresas de todo el país han cerrado y varias ciudades han sufrido huelgas, aunque no se ha producido una “huelga general” organizada a nivel nacional. Las huelgas se han concentrado principalmente en la provincia del Kurdistán, al noroeste de Irán, donde reside Amini, aunque se han extendido a otras ciudades como Teherán y Tabriz.
Aunque Irán ha experimentado oleadas recurrentes de protestas desde 2017, la actual ronda de manifestaciones es la mayor del país desde 2009, y tanto los manifestantes como los funcionarios del gobierno han enmarcado el movimiento como un esfuerzo para derrocar el sistema clerical de gobierno de Irán. En consecuencia, el gobierno iraní ha lanzado una dura represión contra los manifestantes, matando al menos a 215 personas y deteniendo a miles. Los funcionarios del gobierno también han establecido un apagón de Internet, obstaculizando la capacidad de los manifestantes para comunicarse y compartir información con el mundo exterior.
El presidente Joe Biden ha apoyado abiertamente las protestas, condenando al gobierno iraní por su represión e imponiendo sanciones adicionales a varios funcionarios iraníes de alto rango.