ESTAMBUL – Un tribunal condenó el miércoles a la presidenta de la Asociación Médica Turca por difundir “propaganda de una organización terrorista”, tras un juicio que los grupos de derechos humanos habían denunciado como un intento de silenciar a los críticos con el gobierno.
El tribunal de Estambul condenó a la doctora Sebnem Korur Fincanci a casi tres años de prisión, pero también decidió dejarla en libertad provisional mientras recurre el veredicto.
En Turquía, las personas condenadas a menos de cuatro años suelen quedar bajo supervisión judicial, pero se les permite salir en libertad.
Fincanci, de 63 años, fue detenida en octubre y acusada de realizar propaganda en favor del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK. La detención se produjo tras una entrevista en los medios de comunicación en la que pedía una investigación independiente sobre las denuncias de que el ejército turco había utilizado armas químicas contra militantes kurdos en el norte de Irak.
Fincanci es la última activista condenada en virtud de la amplia legislación antiterrorista turca. Experta forense, ha dedicado gran parte de su carrera a documentar torturas y malos tratos, y ha sido presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía.
Durante el juicio, Fincanci rechazó las acusaciones de que hizo propaganda durante la entrevista, alegando que dio una opinión profesional.
El miércoles, Fincanci declaró ante el tribunal que no esperaba un juicio justo.
Citó una encuesta turca según la cual “una de cada dos personas cree que la gente está en la cárcel por lo que piensa”.
Los cargos se derivan de una entrevista que concedió al canal de televisión pro-kurdo Medya Haber, en la que comentó un vídeo que supuestamente mostraba el uso de armas químicas. Sugirió que podría haberse liberado un gas tóxico, pero también pidió una “investigación efectiva”.
Las autoridades turcas negaron rotundamente las acusaciones de que el país hubiera utilizado armas químicas, insistiendo en que su ejército no tiene este tipo de armas en su inventario. El PKK dirige una insurgencia armada contra el Estado turco desde 1984. El grupo está considerado una organización terrorista en Turquía, Europa y Estados Unidos.
Sus comentarios provocaron una reacción violenta, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la acusó de difamar a las fuerzas armadas de Turquía y de insultar a su país “hablando el lenguaje de la organización terrorista”.
Prometió introducir medidas para limpiar la Asociación Médica Turca y otras organizaciones profesionales de “partidarios de la organización terrorista.” En octubre, el ministro de Justicia dijo que estaban trabajando en una nueva normativa.
Devlet Bahceli, líder de un partido nacionalista aliado del partido gobernante de Erdogan, fue más allá y exigió que se le retirara la ciudadanía turca y se cerrara la asociación.
La asociación, que cuenta con unos 110.000 miembros en toda Turquía, había provocado la ira de funcionarios del gobierno por cuestionar los datos gubernamentales y criticar algunas medidas impuestas durante la pandemia de COVID-19. Según el sindicato, los 11 miembros de su comité ejecutivo están siendo investigados ahora por posible “pertenencia a una organización terrorista”.
En sus declaraciones finales en el juicio, Fincanci dijo que la asociación era el objetivo real de la investigación, según el sitio web Dokuz8haber, que siguió el juicio. Afirmó que se estaba atentando contra la libertad de expresión y la ciencia.
La colaboración de Fincanci con expertos forenses que trabajan con Naciones Unidas en lugares como Bosnia ha atraído la atención internacional sobre el juicio.
Una delegación de la Unión Europea presenció el juicio el miércoles, junto con grupos de derechos humanos y simpatizantes, en una sala abarrotada.
Antes de la vista, el Dr. Ole Johan Bakke, del Comité Permanente de Médicos Europeos, declaró que el grupo estaba “profundamente preocupado por el continuo acoso del gobierno y las autoridades turcas a la Asociación Médica Turca”.
La Asociación Médica Mundial ha calificado el caso contra Fincanci de “infundado, ilegal e inaceptable” y había pedido su absolución inmediata.
El tribunal de Estambul la condenó a dos años, ocho meses y 15 días de cárcel. Se espera que recurra la sentencia.
Otras personalidades de la sociedad civil y decenas de periodistas están encarcelados en Turquía. Las leyes de propaganda terrorista también se han utilizado para reprimir a políticos y activistas pro-kurdos.
