BERLÍN – Alemania comunicó el miércoles que expulsó a dos diplomáticos iraníes por la condena a muerte impuesta en Irán a uno de sus ciudadanos.
Las autoridades iraníes anunciaron el martes que Jamshid Sharmahd, ciudadano iraní-alemán de 67 años y residente en Estados Unidos, había sido condenado a muerte tras ser declarado culpable de actividades terroristas.
Irán afirma que Sharmahd es el líder del brazo armado de un grupo que aboga por la restauración de la monarquía derrocada en la Revolución Islámica de 1979, pero su familia dijo que era simplemente el portavoz del grupo opositor y niega haber participado en atentados.
Acusan a la inteligencia iraní de haberlo secuestrado en Dubái en 2020. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que convocó al encargado de negocios de Irán en Berlín y le informó de que “no aceptaremos esta violación masiva de los derechos de un ciudadano alemán”.
“Como consecuencia, el gobierno alemán ha declarado personas no deseadas a dos miembros de la embajada iraní y les ha pedido que abandonen Alemania a la mayor brevedad”, declaró.
“Exigimos que Irán revoque la condena a muerte contra Jamshid Sharmahd y le permita un recurso justo y acorde con el Estado de derecho”.
Alemania ha dicho que Sharmahd, que vive en Glendora, California, no tuvo “ni siquiera el comienzo de un juicio justo” y que se le había denegado repetidamente el acceso consular y al juicio. También dijo que había sido detenido “en circunstancias muy cuestionables”, sin dar más detalles.
La condena a muerte —que puede ser recurrida— se produce en el contexto de meses de protestas antigubernamentales en Irán y de una feroz represión de la disidencia. Los monárquicos radicados fuera de Irán apoyan las protestas, al igual que otros grupos e individuos de distintas ideologías.
El sitio web oficial de la judicatura iraní dice que Sharmahd fue declarado culpable de planear actividades terroristas. Fue juzgado en un Tribunal Revolucionario, donde los procedimientos se celebran a puerta cerrada y donde los grupos de derechos humanos afirman que los acusados no pueden elegir a sus abogados ni ver las pruebas en su contra.