Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un derecho fundamental en Estados Unidos, al menos hasta ahora.
Grupos anti-Trump decididos a descalificar al principal candidato republicano a la presidencia están instando a los funcionarios electorales estatales de todo Estados Unidos a eliminar a Donald Trump de la boleta electoral, alegando que es un “insurrecto”. Citan una arcaica cláusula de la 14.ª Enmienda, redactada después de la Guerra Civil, que descalifica a cualquiera que “haya participado en una insurrección” contra Estados Unidos para ocupar un cargo público.
Aquí está el problema. Trump nunca ha sido condenado por insurrección, y ninguno de sus fiscales —ni Jack Smith ni Fani Willis— le acusa de insurrección. La Cámara de Representantes lo sometió a juicio político, acusándolo de insurrección, pero fue absuelto. Así que, cero condenas, una absolución.
Aun así, el grupo izquierdista Free Speech For People ha enviado cartas a los funcionarios electorales estatales, incluidos los copresidentes de la Junta Electoral del Estado de Nueva York, tachando a Trump de insurrecto y diciéndoles a estos funcionarios que tienen el deber de eliminar a Trump de la papeleta electoral, del mismo modo que estarían obligados a eliminar a cualquier aspirante a la presidencia que no hubiera cumplido los 35 años o no fuera ciudadano natural.
Bajo este esquema, si Trump quiere estar en la papeleta electoral, tendrá que ir a juicio y demostrar su inocencia.
En resumen, culpable hasta que se demuestre su inocencia. Eso es lo más antiamericano que puede haber. Tanto si te gusta Trump como si lo detestas, deberías estar preocupado.
El profesor de derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley lo llama “la teoría constitucional más peligrosa que he visto en décadas”.
La estratagema también podría producir el caos en noviembre y diciembre, mientras los estados que se preparan para las próximas primarias presidenciales lidian con demandas por la presencia de Trump en la papeleta electoral. El secretario de Estado y el fiscal general de New Hampshire emitieron un comunicado conjunto la semana pasada diciendo que están “revisando cuidadosamente las cuestiones legales involucradas”.
En última instancia, cualquier intento de eliminar a Trump de la papeleta electoral llegaría hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El presidente de Free Speech For People, John Bonifaz, ha trabajado estrechamente con el representante Jamie Raskin (demócrata de Maryland), el principal gestor de la destitución en el segundo juicio político de Trump en 2021. Raskin y los demócratas no lograron condenar a Trump entonces. Recurrir a la “cláusula de insurrección” es una estratagema para conseguir lo que no lograron constitucionalmente.
Los anti-Trump de la derecha también están dispuestos a tachar a Trump de “insurrecto” sin pruebas legales y considerarlo inhabilitado. El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo lo mismo en el escenario del debate republicano en Milwaukee el 23 de agosto.
La “cláusula de insurrección” se añadió a la Constitución durante la Reconstrucción, justo después de la Guerra Civil, para inhabilitar a los titulares de cargos y líderes militares confederados.
Pero la cláusula se convirtió en papel mojado cuando el presidente del Tribunal Supremo, Salmon P. Chase, que dirigía el circuito y decidía también los casos de los tribunales de apelación, dictaminó en 1869 en el caso Re Griffin que la Sección 3 por sí misma no podía inhabilitar a nadie para el cargo. La sentencia de Chase sigue siendo un precedente federal.
Free Speech For People y otros anti-Trumpers apuntan a un próximo artículo de la University of Pennsylvania Law Review en el que se argumenta que la sentencia de Chase era errónea. El profesor emérito de Derecho de Harvard, Laurence Tribe también califica la opinión de Chase de “mal razonada”.
Esa es la opinión de la multitud de la torre de marfil. No cambia el precedente.
En 1918, el socialista Eugene V. Debs fue a la cárcel, condenado por incitar al personal del Ejército de Estados Unidos a resistirse a la autoridad. Pero no fue condenado por insurrección. El Partido Socialista lo propuso para presidente en 1920, y su nombre apareció en las papeletas de 40 estados. ¿Justicia para Debs, pero no para el 45.º presidente?
La primavera pasada, Free Speech For People intentó que la diputada Marjorie Taylor Greene (republicana de Georgia) fuera retirada de la papeleta electoral en Georgia utilizando la cláusula de insurrección. Pero el juez Charles Beaudrot dictaminó que no había pruebas suficientes de que hubiera cometido insurrección. “¿Retórica política acalorada? Sí”, dijo el juez. “¿Una llamada a las armas para consumar una revolución violenta planeada de antemano? No”.
Gracias por su sensata perspectiva, juez Beaudrot. El 6 de enero fue desafortunado. Pero la Guerra Civil costó 750.000 vidas estadounidenses. Afortunadamente, nada parecido ha separado a esta nación desde entonces.
La estratagema de sacar a Trump de las urnas es profundamente antidemocrática. Digan a los anti-Trumpers de ambos partidos que, en su lugar, cortejen a los votantes con políticas ganadoras.
El debido proceso y la presunción de inocencia —incluso para Trump— son principios que hacen que nuestra nación sea excepcional.
