Expertos de la ONU han solicitado que se procesen a los funcionarios iraníes implicados en crímenes contra la humanidad, derivados de la represión de las protestas de 2022, especialmente contra minorías étnicas y religiosas.
Esta petición se basa en una investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que fue encargada tras las manifestaciones provocadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años, que murió bajo custodia policial en septiembre de 2022 por presuntamente violar las normas de vestimenta para mujeres de la república islámica.
Durante estas manifestaciones, murieron cientos de personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, y miles fueron arrestadas. El informe de los expertos señala la falta de mecanismos efectivos para que se haga justicia en Irán y llama a los Estados miembros de la ONU a aplicar el principio de jurisdicción universal para enjuiciar a los funcionarios iraníes responsables de estos crímenes, que incluyen crímenes contra la humanidad.
Los expertos subrayan que las violaciones de derechos hacia las minorías fueron especialmente graves, llegando a considerarse crímenes contra la humanidad. En su declaración, indican que estas violaciones incluyeron el “uso innecesario de fuerza letal, detenciones arbitrarias, tortura, violaciones, desapariciones forzadas y persecución de género”. Además, se destaca que la persecución por motivos de género se entrecruza con la persecución por motivos étnicos y religiosos, exacerbando la situación de las minorías.
