El Tribunal Supremo de Justicia ha dictaminado de manera unánime que el Estado no está obligado a entregar los cuerpos de los terroristas israelíes muertos para su entierro. Esta decisión se basa en la posibilidad de que el gobierno quiera utilizar esos cuerpos en un futuro intercambio relacionado con la liberación de rehenes y muertos israelíes retenidos por Hamás en Gaza.
El año pasado, familiares de los terroristas presentaron seis demandas contra el Estado, argumentando que la decisión del gabinete de no entregar los cuerpos era ilegal. Sostenían que no se había contado con la autoridad legal para adoptarla y que esta había causado un “daño grave” a la dignidad de los muertos y sus familias.
En su defensa, el Estado explicó que las negociaciones para liberar a los rehenes israelíes y los muertos retenidos por Hamás son complejas y están en una etapa muy delicada. Añadió que, debido a la situación actual, no se puede descartar la necesidad de retener los cuerpos de los terroristas con el fin de facilitar el regreso de los cautivos.
David Mintz, juez conservador que redactó la opinión del panel de tres jueces, señaló que el tribunal tiene una capacidad muy limitada para intervenir en decisiones gubernamentales relacionadas con la seguridad. Aseguró que tal intervención solo sería posible en casos extremos.
Mintz también recordó que la regulación de 1945 otorga al comandante militar la autoridad para retener la entrega de los cuerpos de los terroristas. El tribunal ya había dictaminado en septiembre del año pasado que esta norma se aplica también a los ciudadanos israelíes.
Finalmente, el juez concluyó que la decisión del gobierno de no entregar los cuerpos es provisional y revisada periódicamente por el gabinete. En vista de las circunstancias de seguridad y las negociaciones en curso, afirmó que no había espacio para la intervención del tribunal.