Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para reducir la asistencia financiera a Sudáfrica. Según la Casa Blanca, esta decisión responde al desacuerdo con la política territorial sudafricana y a la denuncia de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
En 2023, Sudáfrica recibió cerca de 440 millones de dólares en asistencia estadounidense, según cifras oficiales. La Casa Blanca adelantó que, además del recorte, Estados Unidos elaborará un plan para reasentar como refugiados a agricultores sudafricanos blancos y sus familias, descendientes de colonos europeos. Los funcionarios estadounidenses priorizarán la ayuda humanitaria mediante el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.
Trump ha afirmado, sin presentar pruebas, que “Sudáfrica está confiscando tierras” y que algunos sectores de la población enfrentan un trato “muy malo”. Elon Musk, magnate originario de Sudáfrica y cercano a Trump, ha expresado que los sudafricanos blancos son víctimas de “leyes de propiedad racistas”.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, promulgó recientemente una ley que facilita al Estado la expropiación de tierras para fines de interés público. Defendió la política argumentando que busca reducir la desigualdad racial en la propiedad de tierras. Ramaphosa negó que el gobierno haya confiscado terrenos y afirmó que Sudáfrica no se dejará intimidar por presiones externas.
La cuestión de la tierra sigue siendo un tema políticamente delicado en Sudáfrica, marcado por el despojo sufrido por la población negra durante la colonización y el apartheid. Actualmente, los terratenientes blancos poseen el 75 % de las tierras agrícolas, mientras que los negros, que representan el 80 % de la población, controlan apenas el 4 %, de acuerdo con una auditoría de 2017.
Además del recorte de ayuda, Washington ha expresado su descontento por la demanda presentada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, donde acusa a Israel de genocidio durante la guerra en Gaza. Este conflicto estalló tras los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamás, que dejaron 1.200 muertos y 251 rehenes en Israel.
Israel niega las acusaciones de genocidio y sostiene que sus fuerzas armadas intentan reducir las muertes de civiles. Alega que Hamás emplea a la población de Gaza como escudo humano, operando desde zonas residenciales, escuelas, hospitales y mezquitas.
La Casa Blanca destacó este caso como un ejemplo de las posturas contrarias de Sudáfrica hacia Washington y sus aliados.