Dos activistas propalestinos interrumpieron al ministro de Comercio británico, Jonathan Reynolds, cuando estaba a punto de intervenir en un evento organizado por el think tank Chatham House en Londres. La acción formó parte de una protesta más amplia liderada por grupos como Londres por una Palestina Libre, que exigen el fin total de las exportaciones de armas británicas a Israel.
Uno de los manifestantes acusó al Reino Unido de complicidad en el genocidio, mientras que otro reclamó que el gobierno no había detenido el comercio de componentes del F-35. Reynolds, que permaneció sentado durante la irrupción, afirmó que se han impuesto restricciones a las exportaciones, pero que las piezas del F-35 continúan exentas por su papel en la defensa nacional y en el apoyo a Ucrania.
Al dirigirse al público tras el incidente, el ministro aseguró que la decisión sobre los F-35 se comunicó previamente al parlamento. Destacó que el Reino Unido mantiene un riguroso régimen de control sobre las exportaciones de armas, lo que ha causado limitaciones específicas hacia Israel.
En septiembre, el Reino Unido suspendió 30 de sus 350 licencias de exportación a Israel. Esta medida, adoptada por Reynolds con respaldo del canciller David Lammy, afecta principalmente a componentes para aeronaves militares, aunque excluye el programa multinacional del F-35 por sus implicaciones globales.
El gobierno británico justificó la continuidad del suministro al considerar inviable frenar las piezas del F-35 sin afectar a los aliados que participan en su fabricación y despliegue. Las ventas británicas representan menos del 1 % del total del armamento que Israel recibe, ya que Londres no realiza entregas directas, sino que otorga licencias a empresas tras evaluar el cumplimiento del derecho internacional.
En junio, estadísticas del anterior gobierno mostraron una disminución considerable en las ventas de armas británicas a Israel tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y se secuestró a 251. No obstante, entonces el gobierno conservador negó haber modificado su postura sobre estas licencias.
Tras la llegada del Partido Laborista al poder en julio, Lammy anunció la revisión de las autorizaciones para asegurar que se adecuen a las normas legales internacionales.