Katie Hobbs rechazó un proyecto que prohibía enseñar antisemitismo en instituciones educativas públicas, lo que exponía a maestros a demandas y sanciones.
Proyecto de ley buscaba prohibir enseñanza de antisemitismo
El 10 de junio de 2025, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó el proyecto de ley HB 2867, conocido como la “Ley de Antisemitismo en la Educación”. Esta iniciativa legislativa buscaba prohibir la enseñanza o promoción de contenido antisemita en escuelas públicas K-12, colegios comunitarios y universidades del estado. La propuesta, aprobada por la Legislatura estatal con un voto de 33-20 en la Cámara de Representantes y un respaldo mayoritariamente republicano en el Senado, incluía medidas disciplinarias y responsabilidad legal para los educadores que violaran las disposiciones. Entre las prohibiciones, se encontraba la enseñanza de ideas que incitaran al odio contra judíos, promovieran el genocidio de cualquier grupo o exigieran a los estudiantes adoptar posturas antisemitas. También impedía que las instituciones educativas usaran fondos públicos para apoyar actividades relacionadas con el antisemitismo.
La legislación establecía que los educadores serían personalmente responsables de cubrir los costos de cualquier daño derivado de demandas presentadas por estudiantes o padres. Estas demandas podrían iniciarse si se consideraba que las acciones de un maestro creaban un entorno educativo hostil. Los estudiantes mayores de 18 años o los padres de alumnos menores podían presentar estas querellas, y los maestros no contarían con inmunidad legal ni con apoyo estatal para pagar las sentencias. En las escuelas K-12, las sanciones incluían una reprimenda por la primera infracción, suspensión del certificado docente por la segunda y revocación del mismo por la tercera. En colegios y universidades, las consecuencias escalaban desde una reprimenda hasta la suspensión sin sueldo y el despido.
El proyecto también prohibía a las universidades reconocer organizaciones estudiantiles que invitaran a oradores que incitaran al antisemitismo o promovieran actividades relacionadas con este tipo de discriminación. La iniciativa fue impulsada por el representante republicano Michael Way, de Queen Creek, quien defendió la necesidad de mantener “contenido antisemita atroz” fuera de las aulas. La votación en la Cámara contó con el apoyo de algunos demócratas, lo que reflejó un respaldo bipartidista limitado, aunque en el Senado la aprobación fue mayoritariamente por líneas partidistas.
Datos clave sobre el proyecto HB 2867
- Prohibía enseñar o promover antisemitismo en escuelas públicas K-12, colegios y universidades de Arizona.
- Establecía sanciones escalonadas: reprimenda, suspensión y revocación de certificados para maestros en K-12; reprimenda, suspensión sin sueldo y despido en colegios y universidades.
- Permitía demandas contra educadores por crear ambientes hostiles, con responsabilidad personal para cubrir costos.
- Impedía el uso de fondos públicos para actividades antisemitas y el reconocimiento de grupos estudiantiles que promovieran este tipo de contenido.
- Aprobado el 3 de junio de 2025 con 33 votos a favor y 20 en contra en la Cámara de Representantes.
Reacciones y críticas al veto de la gobernadora
El veto de Katie Hobbs generó reacciones inmediatas. Los partidarios del proyecto, como Michael Way, lo calificaron de “vergonzoso” y afirmaron que la ley era necesaria para combatir el antisemitismo en las instituciones educativas. Por otro lado, trece organizaciones, incluidas la Asociación de Educación de Arizona y el Museo Judío y Centro del Holocausto de Tucson, enviaron una carta a la gobernadora el 6 de junio de 2025, en la que solicitaban el veto. Argumentaron que la legislación podía limitar la enseñanza completa sobre el Holocausto, ya que ciertas discusiones históricas podrían interpretarse erróneamente como antisemitas según la redacción del proyecto. La carta, firmada por la directora ejecutiva del museo, Lori Shepherd, advertía que una sola frase fuera de contexto podría desencadenar demandas contra los educadores.
Los demócratas en la Legislatura intentaron modificar el proyecto para eliminar la disposición de responsabilidad legal personal y reemplazar las referencias al antisemitismo por “discriminación ilegal”, abarcando otras formas de prejuicio. La enmienda, propuesta por la representante Mitzi Epstein, de Tempe, fue rechazada en una votación dividida por líneas partidistas. Los opositores al proyecto también señalaron que podría restringir la libertad de expresión, particularmente en discusiones sobre la guerra entre Israel y Palestina, al exponer a los maestros a demandas por contenido mal interpretado.
El veto se produjo en un contexto de aumento de incidentes antisemitas en Estados Unidos. Según un informe de la Liga Antidifamación (ADL) publicado en abril de 2025, los incidentes antisemitas en el país crecieron un 140% entre 2022 y 2024, con un total de 8,873 casos reportados en 2024, incluyendo agresiones, vandalismo y propaganda. En Arizona, la ADL registró 123 incidentes antisemitas en 2024, un aumento del 98% respecto al año anterior. Este panorama subrayó la relevancia del debate sobre cómo abordar el antisemitismo en entornos educativos sin comprometer la libertad académica o imponer cargas legales excesivas a los educadores.
Esfuerzos similares en otros estados
La propuesta de Arizona no es un caso aislado. En Luisiana, el legislador Mike Johnson presentó en mayo de 2025 una resolución que solicita a las universidades estatales adoptar políticas específicas para combatir el antisemitismo en los campus. La medida exige que las instituciones recopilen datos sobre denuncias relacionadas con este tipo de discriminación y presenten informes anuales. En Michigan, el representante Noah Arbit propuso en abril de 2025 incorporar una definición de antisemitismo, basada en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), en la ley de derechos civiles del estado. Esta definición incluye ejemplos como la negación del derecho a la autodeterminación del pueblo judío o la comparación de políticas israelíes con las del régimen nazi.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó en 2024 una ley que obliga a las escuelas públicas a enseñar sobre el Holocausto y el antisemitismo como parte del currículo de historia. La legislación, implementada en el ciclo escolar 2024-2025, requiere que los distritos escolares informen anualmente sobre el cumplimiento de estas enseñanzas. A diferencia del proyecto de Arizona, la ley de Florida no incluye disposiciones para demandas contra educadores, con un enfoque en la educación obligatoria más que en sanciones.
