Amigos Cristianos de las Comunidades Israelíes y Cristianos por Israel USA, organizaciones sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, presentaron una demanda en un tribunal federal de Colorado contra la relatora de la ONU para los palestinos, Francesca Albanese. Los demandantes alegan que la funcionaria difundió “mentiras maliciosas” con el propósito de dañar su reputación y afectar sus finanzas debido a su respaldo público a Israel.
La demanda sostiene que en abril Albanese envió cartas a ambas entidades, en las que las acusó de complicidad en “graves violaciones de derechos humanos que requieren un cese inmediato”, además de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y apartheid. Según el documento judicial, la relatora advirtió que los grupos enfrentaban “un grave riesgo de estar implicados en crímenes internacionales” y de ser responsables penalmente por sus actividades.
El escrito judicial incluye copias de esas cartas, que señalan a las organizaciones como colaboradoras en la expansión de asentamientos ilegales, en apoyo al ejército israelí, en la negación del derecho de autodeterminación de los palestinos y en la anexión de territorios de manera ilegal. Ante estas acusaciones, Leo Terrell, responsable de un grupo de trabajo sobre antisemitismo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, respondió a Albanese y la acusó de difamación, de acuerdo con los demandantes.
Semanas más tarde, Albanese publicó un informe de la ONU donde pidió que los dos grupos cristianos y otros similares fueran castigados por gobiernos, tribunales y opinión pública. En ese documento exigió que las organizaciones detuvieran cualquier actividad relacionada con “crímenes contra el pueblo palestino”, pagaran reparaciones, enfrentaran investigaciones de autoridades internacionales y estadounidenses y quedaran sujetas a un boicot generalizado.
El recurso judicial afirma que Albanese hizo tales declaraciones con conocimiento de su falsedad, lo que configuraría difamación e injuria. Los demandantes aseguran que la funcionaria se amparó en la inmunidad de la ONU, aunque sus afirmaciones no habrían estado relacionadas con deberes oficiales. La demanda añade que Albanese posee un historial de antisemitismo y retórica radical contra Israel, lo que le valió sanciones del gobierno de Estados Unidos.