Las autoridades belgas detuvieron este martes 2 de diciembre de 2025 a la exalta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, en el marco de una investigación por presunto fraude en la financiación y adjudicación de programas de formación para diplomáticos europeos.
La operación, dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO), incluyó registros en la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas y en los domicilios de los implicados, y se saldó con tres personas detenidas.
La EPPO explicó que la investigación se centra en un proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea, un programa de nueve meses de duración destinado a diplomáticos junior de los Estados miembros, financiado con fondos de la UE y adjudicado al Colegio de Europa para el periodo 2021-2022 tras un procedimiento de licitación organizado por el SEAE.
Los investigadores manejan sospechas de fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional en relación con la preparación y resolución de ese concurso, así como con el uso de los fondos comunitarios asociados.
Fuentes europeas identificaron entre los detenidos a Federica Mogherini, italiana de 52 años, que fue alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE entre 2014 y 2019. Desde 2020 ejerce como rectora del Colegio de Europa en Brujas y, desde la creación de la Academia Diplomática de la UE en 2022, dirige también ese programa de formación.
Junto a ella figura el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del SEAE entre 2021 y 2024 y en la actualidad director general en la Comisión Europea, así como un directivo del Colegio de Europa vinculado a la gestión de la academia.
Los registros coordinados por la EPPO se efectuaron con apoyo de la policía federal belga de Flandes Occidental y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Los agentes intervinieron documentación y soportes informáticos tanto en las instalaciones del SEAE en Bruselas como en varios inmuebles del Colegio de Europa en Brujas y en las viviendas de los sospechosos, dentro de una operación autorizada por un juez de instrucción belga.
La Fiscalía Europea indicó que las medidas forman parte de una investigación penal en curso sobre posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de la Academia Diplomática para el curso 2021-2022.
El foco de las pesquisas se sitúa en la posible ventaja indebida del Colegio de Europa en el procedimiento de licitación del proyecto. Los investigadores estudian si representantes del centro académico accedieron con antelación a información confidencial sobre los criterios de selección y el contenido de la convocatoria, lo que habría afectado a la igualdad de condiciones entre los candidatos.
En este contexto, la investigación examina también la compra en 2022 por parte del Colegio de un edificio en Brujas valorado en torno a 3,2 millones de euros para alojar a los participantes de la Academia y la posterior concesión de 654.000 euros de financiación de la UE vinculada al programa piloto.
La Academia Diplomática de la Unión Europea nació como proyecto piloto bajo responsabilidad del SEAE en 2022, con un programa residencial de nueve meses en los campus del Colegio de Europa en Brujas y Natolin, y una primera promoción de algo más de cuarenta jóvenes diplomáticos procedentes de Estados miembros, países candidatos e instituciones de la UE. El objetivo declarado del proyecto consiste en proporcionar formación especializada sobre la política exterior y de seguridad de la Unión y en favorecer una comprensión común del papel de la UE en el mundo.
La Comisión Europea confirmó la existencia de registros en las instalaciones del SEAE en Bruselas, mientras que tanto el servicio diplomático comunitario como el Colegio de Europa señalaron que cooperan con las autoridades competentes. La Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, comenzó a operar en 2021 y tiene competencia para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión en los Estados miembros participantes, entre ellos el fraude en la gestión de fondos, la corrupción y determinados delitos en materia de contratación pública.