Hay algo que ocurre cuando los jueces hablan demasiado tiempo. Una especie de música que se instala en la sala, grave y solemne, y que suena casi siempre a lo mismo: nosotros sabemos, nosotros protegemos, nosotros velamos. Ben Gvir estaba sentado —o ausente, da igual— mientras el Tribunal Supremo de Israel debatía si un ministro elegido por el pueblo tenía derecho a seguir siéndolo. Y en esa sala, sin que nadie lo dijera en voz alta, se estaba discutiendo algo mucho más antiguo y mucho más peligroso que un político incómodo.
Se estaba discutiendo quién manda.
Existe una historia que la izquierda global lleva años contando, con paciencia y con éxito, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Israel, en todos los rincones donde haya una tribuna y un micrófono: que el político es la enfermedad. Un ser ruidoso, torpe, movido por intereses bastardos, incapaz de elevarse por encima de su propia ambición. Y que frente a él —providencial, sereno, sin manchas— existe el funcionario. El juez. El burócrata de carrera. El ángel de la administración pública, que no tiene agenda porque no tiene cara, que no tiene partido porque tiene beca, que no traiciona al pueblo porque nunca le prometió nada.
Es una historia hermosa. Y es casi completamente falsa.
El político —ese animal tan vilipendiado— es, en rigor, el único ser del sistema que está obligado a rendir cuentas ante los demás. Cada cuatro años, o cuando las urnas lo decidan, el pueblo lo juzga. Lo premia o lo destruye. Le da o le quita. Esa es la brutalidad sagrada de la democracia: que el poder tiene fecha de vencimiento y el ciudadano es quien decide cuándo vence. Cada discurso torpe, cada decisión cuestionable, cada escándalo y cada promesa incumplida quedan registrados en la memoria colectiva y se cobran, tarde o temprano, en votos.
El juez, en cambio, no rinde cuentas ante nadie. O ante casi nadie. En Israel, ni siquiera ante el poder político: los magistrados del Supremo se nombran entre ellos, en una liturgia cerrada que huele a club y a silencio. Suben en la jerarquía y, a medida que suben, el aire se enrarece y la crítica desaparece. Allá arriba, donde las togas son más largas y los argumentos más abstractos, reina una especie de impunidad intelectual que ningún político elegido se podría permitir.
Y sin embargo —aquí está el giro, el nudo de la cosa— se nos pide que temamos más al ministro que al magistrado. ¿Un político podría meter la mano en las arcas públicas? Sí. Pero un alto funcionario con acceso permanente a las mismas arcas, sin el ojo del votante encima, tiene más motivos y más tiempo para hacerlo. ¿Un político podría filtrar información sensible? Ya lo hizo una fiscal militar jefe, y nadie la destituyó por decreto judicial. ¿Un político podría pisotear la voluntad popular para imponer sus valores? El Tribunal Supremo lo hace con regularidad, con elegancia, con la pluma y no con el puño, pero lo hace.
La diferencia es que cuando lo hace el político, se llama abuso. Cuando lo hace el juez, se llama jurisprudencia.
Están también los reformistas de salón, los del “sí, pero”. Los que quieren cambiar algo sin cambiar nada, que hablan de modificar un asiento y medio en la comisión de nombramientos, de añadir una cláusula aquí, de negociar un juez conservador allá, como si la democracia fuera un grifo que se regula con pequeños ajustes de fontanería. Esos reformistas confunden el síntoma con la enfermedad. Reordenan los muebles mientras la casa arde.
Porque lo que está en juego no es si Ben Gvir es un buen ministro o un pésimo ministro —eso, francamente, es lo de menos—. Lo que está en juego es una pregunta constitutiva: ¿a quién le pertenece el poder en una democracia? ¿Al pueblo que vota, que se equivoca, que aprende y vuelve a votar? ¿O a la casta que interpreta, que protege, que sabe mejor?
El israelí que votó por el Likud no lo hizo para ver debatir a un diputado en una comisión parlamentaria un martes por la tarde. Lo hizo porque quería que Netanyahu formara gobierno. El israelí que votó por Judaísmo Unido de la Torá no votó por la performance oratoria de nadie: votó para que ese partido tuviera poder, carteras, influencia. Eso es lo que es una elección. No una ceremonia abstracta, sino un contrato concreto entre el ciudadano y quien va a gobernar.
Cuando un tribunal anula ese contrato —o lo condiciona, o lo restringe, o le pone plazos arbitrarios— no está protegiendo la democracia. Está sustituyéndola.
En un mundo ordenado, en un mundo donde las instituciones reconocieran su lugar, el juez de turno habría leído la petición contra Ben Gvir, habría respirado hondo y habría dicho lo único que corresponde decir: formen un partido, preséntense a las urnas, ganen. Eso es lo que hay.
Pero vivimos en otro mundo. Uno donde la toga a veces olvida que su función no es gobernar, sino arbitrar. Y esa confusión —pequeña al principio, casi imperceptible— es la grieta por donde se cuela, lenta y elegante, el fin de la cosa que dice proteger.
