El Líbano se encamina a aprobar en las próximas semanas su mayor amnistía desde el final de la guerra civil, una medida que busca aliviar el hacinamiento carcelario, pero que también reabre heridas entre familias de militares muertos, condenados islamistas, traficantes de drogas y ciudadanos libaneses que huyeron a Israel.
El proyecto de ley debe ser aprobado por el parlamento y luego firmado por el presidente. Su aplicación permitiría la salida de más de 3.000 personas de un total de casi 8.600 detenidos, incluidos presos que permanecen encarcelados sin juicio desde hace al menos 14 años.
La amnistía en Líbano podría liberar a miles de detenidos y reducir penas graves, pero divide al país por su posible impacto sobre condenados islamistas, narcotraficantes y libaneses vinculados a Israel.
La iniciativa conmutaría las penas de muerte, reduciría las cadenas perpetuas y podría abrir la puerta a la liberación de terroristas y traficantes de drogas condenados. En cambio, quedarían excluidos delitos como violación, trata de personas, corrupción, financiamiento de actos de terrorismo y homicidio premeditado. Los condenados por matar a tropas libanesas podrían recibir rebajas en sus penas.
Aunque la más reciente invasión de Israel al Líbano en persecución del grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán, retrasó las elecciones parlamentarias, los legisladores sostienen que la amnistía seguirá adelante por la presión que ejerce el hacinamiento en las cárceles.
La discusión ha expuesto otra vez las divisiones políticas y sectarias del país. Familias de soldados muertos protestaron en Beirut con decenas de botas militares vacías colocadas frente al parlamento para rechazar el alcance de la medida.
Familias de soldados muertos rechazan la reducción de penas
Entre quienes se oponen a la amnistía está Samira Bou Saab, quien esperaba ver la ejecución del hombre condenado a muerte por matar a su hijo George, primer teniente del ejército libanés. El militar fue uno de los 18 miembros de las fuerzas armadas que murieron en 2013 durante enfrentamientos con seguidores del clérigo radical musulmán suní Ahmed al-Assir en Sidón, en el sur del país.
Al-Assir ha cumplido 11 años bajo condena a muerte. Si la ley entra en vigor, esa pena sería anulada y le quedarían 10 años más de prisión. Bou Saab cuestionó que el clérigo pudiera volver a ver a su familia “mientras mi hijo está enterrado bajo la arena y sus hijos no lo conocen”.
Desde el entorno de al-Assir, la amnistía también recibe críticas, aunque por razones opuestas. Su esposa, Amal Shamseddine, sostiene que el clérigo es inocente y víctima de una conspiración de Hezbolá, organización a la que acusa de haber encendido los combates entre sus partidarios y el ejército libanés.
“Lo están ejecutando lentamente”, dijo Shamseddine sobre la condena de su esposo, y añadió: “Si hubiera justicia en nuestro país, ellos habrían sido liberados y habrían regresado a casa hace mucho tiempo”.
Una amnistía marcada por la guerra civil y el colapso político
La última gran amnistía libanesa fue aprobada en 1991 para facilitar la reconciliación tras la guerra civil de 1975-1990, que dejó 150.000 muertos. En ese conflicto participaron múltiples milicias, muchas de ellas sectarias, además de facciones palestinas. Siria intervino con su ejército e Israel invadió el país en 1982 hasta llegar a Beirut.
Después de aquella amnistía, gran parte de los jefes de las milicias se integró a la clase gobernante libanesa, más tarde señalada por décadas de corrupción y mala gestión que desembocaron en el colapso económico de 2019.
La nueva ley nació entre demandas contrapuestas. Los legisladores suníes presionaron por la liberación de islamistas; los chiíes, por la de traficantes de drogas, en su mayoría provenientes de la región oriental de Baalbek, donde se cultiva cannabis; y los cristianos pidieron incluir a cientos de ciudadanos que escaparon a Israel tras la retirada israelí del Líbano en 2000.
Muchos de esos libaneses tienen vínculos con el Ejército del Sur del Líbano, la milicia aliada de Israel que se disolvió cuando las fuerzas israelíes abandonaron el país. Tras la retirada, cientos de miembros del SLA permanecieron en el Líbano y recibieron condenas de cárcel, aunque algunos fueron liberados posteriormente.
Libaneses que huyeron a Israel esperan una vía de regreso
“El proyecto de ley ha entrado en la vía de las negociaciones políticas”, declaró el legislador Nabil Badr, partidario de la amnistía. También afirmó que muchos parlamentarios intentan utilizarla para obtener rédito político.
Maryam Younnes tenía 5 años cuando huyó con su familia a Israel en 2000. Espera que la amnistía le permita regresar al Líbano para reencontrarse con su abuela y visitar la tumba de su padre, quien había sido comandante del SLA. Su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal para ser sepultado después de que murió en 2013.
Su eventual regreso, no obstante, sigue condicionado por la política. “Regresaremos una vez que el Líbano esté libre de Hezbolá, de armas ilegales, y una vez que haya paz entre el Líbano e Israel”, afirmó Younnes.
Hezbolá, que surgió en el sur del Líbano en 1982 como respuesta a la invasión israelí, recibió autorización para conservar sus armas después de la guerra civil con el argumento de combatir a las fuerzas israelíes.
El proyecto de amnistía dispone que los ciudadanos libaneses que viven en Israel sean tratados conforme a una ley de 2011. Esa norma establece que los integrantes de la milicia proisraelí serán detenidos al llegar al Líbano y sometidos a un juicio justo.
