Las medidas de control de Internet aplicadas por Roskomnadzor provocan una amplia indignación pública en Rusia y coinciden con una caída del apoyo a Vladimir Putin, que pasó del 75,1 % en febrero al 67 % actual, según datos de la encuestadora estatal.
Las nuevas restricciones afectan a ciudadanos comunes, paralizan operaciones de grandes cadenas minoristas y han llevado incluso a altos funcionarios del régimen a usar teléfonos separados por temor a la vigilancia del FSB.
La ofensiva digital del Kremlin combina censura, vigilancia y bloqueos a VPN con efectos directos sobre bancos, comercios, usuarios y funcionarios que buscan eludir el control estatal.
La vida digital en Moscú se ha convertido en una sucesión de cambios entre redes, identidades virtuales y servicios de VPN. Muchos ciudadanos usan esas herramientas para comunicarse con amigos en el extranjero o acceder a información bloqueada, pero los sitios estatales y bancarios los rechazan cuando detectan esa conexión.
Una operación básica, como comprar un billete de tren en la web de Ferrocarriles Rusos o entrar a una cuenta bancaria, puede quedar bloqueada de inmediato si el usuario mantiene activada una VPN.
La nueva directiva del regulador obliga a bancos y tiendas en línea a bloquear usuarios de VPN, una medida que funciona también como un golpe económico contra el propio mercado ruso.
Las restricciones a VPN golpean al comercio electrónico ruso
Wildberries, el gigante ruso del comercio electrónico, registró una caída inmediata del 10 % en su tráfico de Internet. Datos de la consultora Digital Budget indican que muchos usuarios prefieren abandonar la compra antes que desactivar la VPN para acceder a una página.
El resultado es una pérdida directa para minoristas rusos, que dependen de plataformas digitales para captar clientes en un mercado ya presionado por la guerra, las sanciones y el aislamiento tecnológico.
Pese a la ofensiva estatal, la población rusa adopta herramientas de evasión a niveles inéditos. Según Kommersant, solo en marzo se contabilizaron 9,2 millones de descargas de los cinco servicios de VPN más populares en Google, una cifra 14 veces superior a la del mismo mes del año anterior.
La expansión de las VPN muestra la distancia entre el control que busca imponer el Kremlin y los hábitos reales de millones de ciudadanos que intentan mantener acceso a servicios, contactos y fuentes externas.
Funcionarios rusos usan VPN y teléfonos separados
La contradicción también aparece en las altas esferas del poder. Altos funcionarios del Kremlin y figuras cercanas al entorno político usan VPN de forma habitual, mientras el enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, publica mensajes en X, una red social bloqueada dentro del país.
Fuentes cercanas al Kremlin señalan que funcionarios del Gobierno descargan VPN en secreto y mantienen teléfonos móviles separados para la aplicación estatal MAX, por temor a que el FSB pueda intervenir sus dispositivos.
Algunos incluso retiran físicamente el micrófono y la cámara de esos teléfonos para evitar escuchas clandestinas. La práctica refleja el nivel de desconfianza dentro del propio sistema que impulsa la vigilancia digital.
La restricción de la libertad en la red se intensificó durante el último año, después de que el Servicio Federal de Seguridad comenzara a ordenar a empresas de telecomunicaciones la desactivación completa de redes móviles durante días enteros en distintos distritos.
Los apagones de Internet paralizan servicios en Moscú
La justificación oficial es impedir la navegación de drones suicidas del ejército ucraniano, pero las interrupciones provocan graves trastornos en la vida urbana. Durante marzo, Internet en Moscú quedó paralizado durante casi tres semanas.
Los repartidores de la aplicación Flowwow tuvieron que conectarse al wifi de tiendas en la calle para conocer las direcciones de entrega. En ese mismo periodo, las ventas de antiguos mapas en papel en Moscú se duplicaron con creces, según informes de Wildberries.
La represión digital forma parte del intento del Kremlin de imponer una “soberanía digital” absoluta y aislar a la población rusa de influencias, plataformas y fuentes de información occidentales.
El Kremlin impulsa MAX y mide el costo político
Meta y Telegram acusan a Moscú de intentar forzar a los ciudadanos a migrar a MAX, la aplicación estatal que reporta 85 millones de usuarios diarios. El objetivo sería facilitar a los servicios de seguridad la vigilancia de comunicaciones y neutralizar voces opositoras.
La estrategia encuentra resistencia entre empresarios y blogueros conservadores, que advierten de un daño directo a la campaña electoral de Rusia Unida, dependiente de plataformas digitales para captar votos.
Ante la presión, Putin ordenó al Gobierno mostrar mayor flexibilidad y afirmó que centrarse solo en prohibiciones es “un paso contrario a la productividad”. En mayo fue aplazado un plan para obligar a operadoras móviles a cobrar tarifas más altas a clientes que consumieran más de 15 gigabytes de datos en el extranjero al mes.
En Moscú se estima ahora que el Gobierno esperará hasta después del cierre de las urnas en septiembre para aplicar nuevas restricciones contra los medios. La represión digital queda así atrapada entre el objetivo de control total del Kremlin y el costo político, económico y social de bloquear la vida cotidiana de los propios rusos.
