Mientras el mundo fija su atención en Irán y en la geometría cambiante de la guerra regional, otra realidad transcurre en la Franja de Gaza, más silenciosa y más cercana al hueso: mujeres palestinas explotadas sexualmente bajo el régimen que gobierna sus vidas. No por soldados de un ejército enemigo. Por los suyos.
O por quienes dicen serlo.
Los testimonios que han comenzado a filtrarse —a través de organizaciones de derechos humanos y de un reportaje de investigación del Daily Mail británico— describen un sistema depredador que opera con la lógica fría de quien sabe que tiene el poder y que la víctima no tiene adónde ir. Sus blancos son mujeres solas: viudas, madres desplazadas, divorciadas sin un hombre que las respalde en una sociedad donde eso aún importa enormemente. El mecanismo es simple y brutal: a cambio de un paquete de comida, un vale de ayuda, cien shékels, se exige sexo. Y después, silencio.
Según las organizaciones consultadas por el periódico británico, hasta 60.000 mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad. El número es tan grande que encoge. Pero detrás de ese número hay una mujer concreta, que el reportaje identifica como Noor —nombre falso, precaución real—, madre divorciada de cuatro hijos.
Noor no pertenecía a ningún campamento de desplazados reconocido. Eso significa que no recibía ayuda. Fue a una organización benéfica islámica. La recibió un hombre que parecía un jeque, mayor que ella, con el aire de autoridad que dan los años y la religión. “Confié en él porque era un hombre mayor; lo veía como a un padre”, dijo. El hombre tomó su número de teléfono con el pretexto de ayudarla. Lo que siguió fue hostigamiento. Cuando ella lo amenazó con denunciarlo, él respondió con cuatro palabras que lo dicen todo: Yo soy el gobierno aquí.
“Explotan la necesidad de ayuda de las mujeres”, dijo Noor. “Pero las mujeres tienen demasiado miedo de hablar”.
El reportaje recoge también el testimonio de un hombre gazatí que encontró a la esposa de un amigo —viuda, desplazada— siendo manoseada dentro de una tienda por un grupo de miembros de las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamás. Lo denunció a la dirigencia. Le dijeron que guardara silencio.
Más oscuro aún es lo que involucra a niños.
Un segundo reportaje del mismo medio documenta casos de menores abusados sexualmente por clérigos vinculados a Hamás dentro de mezquitas, y luego amenazados para que no hablen. La amenaza tiene dientes: a sus familias se les advierte que, si denuncian, podrían ser acusadas de colaborar con Israel. En Gaza, esa acusación no es un insulto. Puede ser una sentencia de muerte.
Un niño de nueve años describió lo que le ocurrió durante una sesión de estudio del Corán. El jeque lo llevó a los baños con el pretexto de darle “algo bonito”. Lo que vino después el niño lo describió con la franqueza sin capas de los que aún no han aprendido a rodear el horror con eufemismos. “Hizo conmigo lo que quiso. Empecé a gritar y luego lloré”.
Un niño de diez años contó una historia casi idéntica. El padre de una tercera víctima, violada en una mezquita de Jan Yunis, recordó la llamada de su esposa: Tu hijo está sangrando y tiene moretones por todo el cuerpo.
Estos no son casos aislados. Apuntan a un patrón.
Y el patrón tiene historia. El 7 de octubre de 2023, terroristas de Hamás perpetraron violaciones y abusos sexuales generalizados contra mujeres israelíes durante la invasión. Rehenes —hombres y mujeres— declararon posteriormente haber sufrido acoso y abuso durante su cautiverio. Lo que ahora emerge de Gaza indica que esa violencia no estaba dirigida solo hacia afuera, hacia los israelíes. También mira hacia adentro, hacia los propios palestinos.
Seis meses después de que entrara en vigor el alto el fuego, Hamás sigue gobernando la Franja. No se ha desarmado. No ha cedido el control. La “Junta de Paz” impulsada por la administración Trump no ha cumplido su objetivo más básico. El alto el fuego, en los hechos, le ha dado a Hamás tiempo para rearmarse, reorganizarse y apretar su control sobre una población que no eligió ser gobernada por él —o que, si alguna vez lo eligió, no eligió esto.
Frente a todo ello, el silencio de la comunidad internacional es llamativo hasta el escándalo. Las grandes organizaciones de derechos humanos, que suelen reaccionar con urgencia ante la violencia sexual en zonas de conflicto, guardan aquí una quietud que pide explicación. ONU Mujeres no ha respondido de manera significativa. No ha habido ninguna investigación urgente de las Naciones Unidas sobre estos crímenes. Las razones pueden ser varias: el miedo de las ONG locales a operar bajo un régimen que castiga la disidencia, o la incomodidad política de documentar abusos que no encajan en la narrativa predominante, aquella en que Israel ocupa el lugar del único culpable.
Sea cual sea la razón, el efecto es el mismo: las víctimas quedan solas.
La pregunta política es inevitable. Si la administración Trump construyó su legitimidad en esta región sobre el acuerdo de alto el fuego, ¿por qué no ha presionado con suficiente fuerza a Qatar y Egipto —mediadores clave— para exigir que Hamás rinda cuentas? ¿Qué significa, en términos concretos, el compromiso con un “futuro positivo” para Gaza si el actor que controla ese territorio sigue siendo Hamás?
Hamás no es solo un adversario militar de Israel. Es el gobierno de facto de dos millones de personas, a quienes explota, intimida y abusa con la tranquilidad de quien sabe que el mundo está mirando hacia otro lado.
Y mientras eso no cambie, ningún eufemismo diplomático alcanzará para llamar paz a lo que ocurre allí.