La decisión de la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, de suspender una revisión interna de la Policía provocó críticas del comentarista político Amit Segal. La controversia gira en torno a las detenciones de tres activistas del partido Ra”am el día de las elecciones y al posible conflicto de interés de que la propia Policía examine su actuación. Segal aceptó ese argumento, pero cuestionó que la fiscal general no haya aplicado el mismo criterio en otros asuntos.
El comisionado de la Policía, Danny Levy, había encargado a su adjunto, Yair Hetzroni, revisar el tratamiento que recibió la información relacionada con aquellas detenciones. El examen debía abarcar las decisiones de los mandos, la comunicación entre las distintas instancias y las responsabilidades de las unidades involucradas. Se había fijado un plazo de una semana para presentar las conclusiones, y la Policía aclaró que esa revisión no interferiría con las investigaciones.
Baharav-Miara solicitó que el examen no continuara hasta que se coordinara el procedimiento y se definiera una modalidad apropiada para esclarecer lo sucedido. La fiscal general y el fiscal del Estado, Amit Aisman, también anunciaron que discutirían la información transmitida desde la Oficina del primer ministro a la Policía durante el período electoral.
El origen de la controversia es una información que llegó a las autoridades policiales en vísperas de las elecciones. Una investigación del programa televisivo Uvda atribuyó a Ido Norden, jefe de gabinete de Benjamín Netanyahu, la intervención por la cual la Policía entró en contacto con una fuente que aportó datos presuntamente incriminatorios sobre tres activistas de Ra”am en el sur de Israel. Esos datos fueron incorporados a los sistemas de inteligencia policial, y los tres fueron detenidos al día siguiente bajo sospecha de soborno electoral. Posteriormente recuperaron la libertad y, de acuerdo con los reportes citados, se espera que el caso contra ellos sea cerrado.
Kan News identificó a la fuente como Daniel Greenberg, antiguo colaborador de alto rango de Yossi Shelley, quien había sido director general de la Oficina del primer ministro. Se examinan la fiabilidad de los datos y las circunstancias en las que llegaron a la Policía, incluida la sospecha de que los mecanismos de aplicación de la ley pudieran haberse utilizado para influir en las elecciones. La Oficina del primer ministro rechazó las acusaciones: sostuvo que Norden se limitó a comunicar una sospecha delictiva, como corresponde a cualquier ciudadano respetuoso de la ley, y negó que tuviera otra participación en la investigación.
Segal difundió un video titulado “Cuando a la fiscal general de pronto le importan los conflictos de interés”. En él reconoció que la Policía no debería examinar por sí sola el asunto relacionado con la información procedente de la Oficina del primer ministro, pues, en sus palabras, “un organismo no puede investigarse a sí mismo”. Su objeción se dirigió a la diferencia que observa entre esa postura y la que Baharav-Miara adoptó en otros casos.
El comentarista recordó la insistencia de la fiscal general en investigar el asunto de la fiscal militar general, hasta que intervino el Tribunal Superior de Justicia. También mencionó su oposición a un proyecto de ley que pretendía separar de la Fiscalía del Estado al departamento encargado de investigar las actuaciones de agentes policiales, precisamente por el problema de los conflictos de interés. A partir de esos antecedentes, Segal preguntó si la preocupación de Baharav-Miara obedece realmente a ese principio o a que determinados asuntos le resultan menos convenientes desde el punto de vista político.










