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Portada » Gobierno » Israel solicita a la CPI anular órdenes contra Netanyahu y Gallant

Israel solicita a la CPI anular órdenes contra Netanyahu y Gallant

12 de mayo de 2025
en Gobierno
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izquierda), en la Knesset, el 11 de noviembre de 2024. (Yonatan Sindel/Flash90); Vista exterior de la Corte Penal Internacional, o CPI, en La Haya, Países Bajos, el 30 de abril de 2024. (AP/Peter Dejong); El entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, habla durante una conferencia de prensa en la sede militar de Kirya en Tel Aviv, el 5 de noviembre de 2024. (Miriam Alster/Flash90)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izquierda), en la Knesset, el 11 de noviembre de 2024. (Yonatan Sindel/Flash90); Vista exterior de la Corte Penal Internacional, o CPI, en La Haya, Países Bajos, el 30 de abril de 2024. (AP/Peter Dejong); El entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, habla durante una conferencia de prensa en la sede militar de Kirya en Tel Aviv, el 5 de noviembre de 2024. (Miriam Alster/Flash90)

Israel pide a la Corte Penal Internacional retirar órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Jurisdicción de la CPI bajo disputa por Israel

Israel presentó una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que se retiren las órdenes de arresto emitidas el 21 de noviembre de 2024 contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. La petición, firmada por el fiscal general adjunto Gilad Noam el 9 de mayo de 2025, también solicita que la fiscalía suspenda su investigación sobre presuntos crímenes en los territorios palestinos. Los documentos, publicados en el sitio web de la CPI el 11 de mayo de 2025, reflejan la postura de Israel, que rechaza la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya y niega las acusaciones de crímenes de guerra en la guerra de Gaza. Según Israel Hayom, el gobierno considera que la CPI carece de autoridad legal para intervenir, ya que Israel no es miembro del Estatuto de Roma.

La CPI emitió las órdenes contra Netanyahu y Gallant por presuntos crímenes de guerra, incluyendo el uso del hambre como método de guerra y ataques contra civiles, entre octubre de 2023 y mayo de 2024. También se emitió una orden contra el líder de Hamás, Mohammed Deif, por crímenes de lesa humanidad durante el ataque del 7 de octubre de 2023, pero esta fue retirada tras informes creíbles de su muerte, según The Jerusalem Post. Israel argumenta que las órdenes son infundadas y que su sistema judicial interno es capaz de investigar cualquier acusación, un punto destacado en Arutz Sheva.

En abril de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI ordenó a la Sala de Cuestiones Preliminares revisar las objeciones de Israel sobre la jurisdicción del tribunal y la legalidad de las órdenes. Makor Rishon informó que Israel ve esta revisión como una oportunidad para demostrar que la CPI excede su mandato al intervenir en un conflicto donde Israel ejerce su derecho a la autodefensa. La solicitud de Israel no especifica un plazo para la decisión, y el proceso de revisión permanece sin una forma definida, según documentos oficiales de la CPI.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, citado por Israel Hayom, afirmó que el país mantiene su compromiso con el estado de derecho y que las acciones en Gaza responden a la necesidad de proteger a sus ciudadanos tras el ataque de Hamás que mató a 1.139 personas y tomó 251 rehenes. Fox News reportó que el gobierno israelí considera las órdenes de la CPI como un intento de restringir su capacidad de combatir el terrorismo.

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Claves de la disputa entre Israel y la CPI

  • Israel no reconoce la jurisdicción de la CPI, argumentando que no es miembro del Estatuto de Roma.
  • Las órdenes de arresto se basan en presuntos crímenes entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en Gaza.
  • La revisión de la Sala de Cuestiones Preliminares podría retrasar o anular las órdenes contra Netanyahu y Gallant Carol Stream, IL, USA
  • El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desencadenó la ofensiva militar de Israel en Gaza.
  • Israel sostiene que su sistema judicial interno es suficiente para investigar acusaciones.

Reacciones en Israel y apoyo internacional

El primer ministro Netanyahu calificó las órdenes de la CPI como “antisemitas” y una “desgracia moral”, según Arutz Sheva. En un comunicado, afirmó: “No permitiremos que un organismo hostil dañe a nuestros líderes o soldados”. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, señaló que la decisión de la CPI es “un ataque al derecho de Israel a defenderse”, informó Israel Hayom. El exministro Gallant expresó en una publicación en X que la orden establece “un peligroso precedente contra el derecho a la autodefensa”. The Wall Street Journal destacó que líderes de la oposición, como Yair Lapid, también criticaron la CPI, calificando la medida como una “recompensa al terrorismo”.

Estados Unidos, un aliado clave de Israel, rechazó la decisión de la CPI. El presidente Joe Biden expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse contra Hamás, según Fox News. Argentina, bajo el presidente Javier Milei, también manifestó su desacuerdo con las órdenes, afirmando en X: “La Argentina se solidariza con Israel y exige la liberación de los rehenes”. The Jerusalem Post señaló que la presión de aliados podría influir en la revisión de la CPI, aunque los 124 Estados miembros, incluyendo la Unión Europea, están obligados a ejecutar las órdenes.

El impacto inmediato de las órdenes es limitado, ya que la CPI no tiene fuerza policial propia y depende de la cooperación de sus Estados miembros, según Makor Rishon. Netanyahu y Gallant enfrentan restricciones de viaje a países signatarios del Estatuto de Roma, pero Israel confía en que la revisión de la CPI revertirá las órdenes. Arutz Sheva reportó que el gobierno está explorando medidas diplomáticas para contrarrestar lo que considera un “ataque jurídico”.

La guerra en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás, ha causado una destrucción significativa. The Jerusalem Post informó que la ofensiva israelí busca erradicar a Hamás, mientras que el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el grupo, reporta más de 44.000 muertos, una cifra que Israel cuestiona. La solicitud de Israel a la CPI se enmarca en un esfuerzo más amplio para defender su legitimidad internacional, según Israel Hayom.

Contexto de la guerra y desafíos legales

El ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamás marcó el inicio de la guerra actual, con 1.139 muertos y 251 rehenes, de los cuales 101 permanecen en cautiverio, según Arutz Sheva. Israel respondió con una ofensiva militar que ha devastado Gaza, desplazando a casi 2.3 millones de personas, reportó The Wall Street Journal. La CPI sostiene que las acciones de Israel, incluyendo el bloqueo de suministros, constituyen crímenes de guerra, una acusación que Israel rechaza, argumentando que su objetivo es neutralizar a Hamás.

La impugnación de Israel a la jurisdicción de la CPI se basa en que el tribunal solo actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no investigan. Makor Rishon destacó que Israel ha iniciado investigaciones internas sobre posibles violaciones en Gaza, aunque grupos de derechos humanos cuestionan su profundidad. The Jerusalem Post señaló que la CPI considera a Palestina un estado miembro, lo que le otorga jurisdicción sobre Gaza y Judea y Samaria, un punto que Israel disputa.

La solicitud de Israel para retirar las órdenes se produce en un momento de tensión diplomática. Fox News informó que las órdenes complican los esfuerzos para negociar un alto el fuego. Israel Hayom indicó que el gobierno está coordinando con aliados para presionar a la CPI, mientras explora sanciones contra la Autoridad Palestina por su rol en el proceso de la CPI. La resolución de la revisión podría tener implicaciones significativas para la imagen internacional de Israel, según Arutz Sheva.

La CPI ha enfrentado críticas previas de Israel, que la acusa de parcialidad. The Wall Street Journal señaló que la decisión de emitir órdenes contra Netanyahu y Gallant es la primera contra líderes de un aliado occidental, lo que intensifica el escrutinio sobre el tribunal. Makor Rishon reportó que Israel está preparado para una batalla legal prolongada, confiando en que su argumento sobre la jurisdicción prevalecerá.

Etiquetas: Benjamín NetanyahuCPIIsraelYoav Gallant

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El Tribunal Superior rechaza el recurso de Sharren Haskel contra el Likud El Tribunal Superior de Justicia rechazó este domingo por la noche el recurso de la diputada Sharren Haskel contra el Likud y la facción Derecha Estatal. Haskel pretendía ser reconocida como una facción unipersonal y obtener autorización para abandonar su grupo parlamentario antes de las elecciones a la 26.ª Knéset. Aunque los jueces desestimaron su petición, la sentencia advirtió que la fórmula escogida por ambas formaciones para aplicar sus acuerdos podría generar un problema jurídico al afectar el derecho de los diputados contrarios a una fusión a separarse de su facción. El origen del litigio se encuentra en el acuerdo suscrito en marzo de 2025 entre el Likud y Derecha Estatal, entonces denominada Nueva Esperanza. El pacto contemplaba originalmente la fusión Estatal con el Likud, siempre que recibiera la aprobación del Comité de la Knéset. También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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