A pesar de las objeciones planteadas por Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, los parlamentarios votaron 87 a 9 para dar luz verde a un proyecto de ley que limitará de manera drástica las actividades de la UNRWA en Gaza, así como en Judea y Samaria. Esta agencia de la ONU es responsable de prestar asistencia a los refugiados palestinos y a sus descendientes.
La UNRWA, cuya sigla representa al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, se encarga de brindar educación, atención médica y apoyo a millones de palestinos en Gaza, Judea y Samaria, además de en Jordania, Líbano y Siria.
El proyecto de ley, impulsado por la diputada Yulia Malinovsky, del partido Yisrael Beytenu, y por el legislador Dan Illouz, del Likud, entre otros, establece que las autoridades israelíes ya no tendrán permitido interactuar de ninguna manera con la UNRWA.
Sin la coordinación con las autoridades israelíes, sería prácticamente inviable que la UNRWA pudiera continuar operando en Gaza o en Judea y Samaria, ya que Israel dejaría de emitir permisos de entrada a esas áreas y cesaría cualquier cooperación con las Fuerzas de Defensa de Israel. Asimismo, Israel mantiene el control del acceso a Gaza desde Egipto, y sus fuerzas armadas permanecen desplegadas a lo largo del Corredor Filadelfia, que conecta Gaza con Egipto.
Según las autoridades israelíes, más del 10 por ciento del personal de la UNRWA en Gaza estaría vinculado con el terrorismo. Además, las escuelas operadas bajo el amparo de la organización son acusadas de incitar de forma constante al odio contra Israel y de glorificar actividades terroristas.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que la aprobación de estas leyes sería una “catástrofe”. Igualmente, Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea, advirtió recientemente que esto acarrearía “consecuencias desastrosas”.
La aprobación de este proyecto de ley en su segunda y tercera lectura ocurre poco después de que la Knéset adoptara otra legislación que impide a la UNRWA operar en territorio israelí, al derogar un acuerdo de 1967 que fundamentaba las actividades de la agencia en Israel.
