Altos funcionarios del gobierno lanzaron duras críticas contra la Corte Suprema por su manejo de las impugnaciones relacionadas con la destitución del jefe del Shin Bet, Ronen Bar.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, denunció que los reclamos expresados en el tribunal reflejan el sufrimiento de millones de ciudadanos cuyos derechos han sido ignorados por jueces que calificó de “arrogantes e indiferentes”. Aseguró que, durante años, las decisiones del poder judicial han socavado la voluntad popular sin oposición visible, y afirmó que su reforma judicial expuso esa realidad. “El pueblo no está dispuesto a guardar silencio. Exigimos verdadera libertad antes de la Pascua”, declaró.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir criticó a Bar por negarse a abandonar su cargo, lo acusó de aferrarse al puesto de forma antidemocrática y sin profesionalismo, y anticipó que su intento no prosperará.
El titular de Educación, Yoav Kisch, manifestó que al intervenir en un asunto claro desde el punto de vista legal, la Corte está excediendo sus atribuciones y apropiándose de funciones reservadas al gobierno y al parlamento. Sostuvo que esa intromisión provoca que muchos ciudadanos recurran al tribunal para expresar su frustración. Recalcó que Bar debe cesar su mandato antes del 10 de abril.
Desde la oposición, las acusaciones apuntaron directamente al primer ministro. El dirigente de los Demócratas, Yair Golan, aseguró que el desorden en el tribunal responde a instrucciones del Ejecutivo, y comparó el ambiente con el accionar de una mafia. Afirmó que el enfrentamiento entre el Estado de derecho y el acusado Netanyahu nunca fue tan evidente.
Yair Lapid, líder de la oposición, denunció una estrategia coordinada para alterar el funcionamiento de la Corte y manipular el dolor de las familias afectadas. Calificó al gobierno como responsable del 7 de octubre y lo acusó de socavar la legalidad y el tejido social del país.
