La visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington D. C. esta semana volvió a poner en primer plano las controvertidas exigencias para que sea arrestado a raíz de los procedimientos abiertos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Entre quienes han defendido esa posibilidad figura el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. En declaraciones difundidas este mes en un artículo de The New York Times, el alcalde reiteró su amenaza de detener a Netanyahu. Durante la entrevista, según trascendió, insistió: “Haremos todo aquello que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York”.
Las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu no tienen fuerza legal en Estados Unidos. El país nunca ratificó el Estatuto de Roma, por lo que ningún funcionario estadounidense puede ejecutarlas lícitamente.
Mamdani reconoció posteriormente que su gobierno “carece de la autoridad legal independiente para ejecutar” la orden de detención de la CPI. Pese a ello, manifestó que comparte la posición del tribunal internacional sobre la necesidad de arrestar al primer ministro israelí y recalcó que Netanyahu “no es bienvenido” en Nueva York.
Mamdani y Khanna piden una detención sin base legal
Una postura similar expresó el congresista demócrata Ro Khanna, representante de California. En una entrevista publicada la semana pasada, sostuvo que, aunque Mamdani no dispone de esa potestad, “el presidente estadounidense” debería ordenar la detención de Netanyahu “en conformidad con el derecho internacional”.
Sin embargo, las exigencias para arrestar al primer ministro israelí, con independencia de quién las formule, no pasan de ser una retórica desacertada. No existe mecanismo legal alguno que permita a Nueva York, a otra jurisdicción municipal, a un estado o al Gobierno federal ejecutar lícitamente las órdenes de aprehensión emitidas por la CPI contra Netanyahu.
El propio Mamdani aseguró que su “administración analizó todas las vías disponibles en el marco de la legislación aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York” podía detenerlo. No explicó, sin embargo, por qué un alcalde municipal carece de esa autoridad.
Lo que omitió señalar es que cometerá un delito penal si ordena arrestar al primer ministro durante una visita a Nueva York. Está previsto que Netanyahu viaje a la ciudad en septiembre para participar en las sesiones de la Asamblea General de la ONU.
La legislación neoyorquina establece que privar de libertad a otra persona constituye un delito menor de clase A, sancionable con hasta 364 días de prisión. La conducta pasa a considerarse un delito grave de clase E cuando la restricción expone a la persona “a un riesgo de sufrir lesiones físicas graves”.
Las normas definen “retener” como limitar “los movimientos de una persona de forma intencionada e ilícita”. El carácter intencionado de una eventual detención no admitiría dudas. En cuanto a su ilegalidad, la Constitución ofrece una respuesta concluyente.
La falta de ratificación deja sin fuerza legal las órdenes
La CPI puede haber emitido una orden de arresto, pero esa decisión no tiene fuerza legal en Estados Unidos, que nunca ratificó el Estatuto de Roma. El presidente Bill Clinton firmó el tratado, pero el Gobierno de Bush retiró la firma y ningún mandatario lo ha sometido al Senado. Sin la aprobación de esa cámara, el Estatuto de Roma no posee validez jurídica en territorio estadounidense.
Por tanto, no hay ambigüedad: una orden de la CPI no puede ejecutarse en ningún lugar del país. Todo intento de actuar con base en ella sería ilícito.
La autoridad de Mamdani se limita a la ciudad de Nueva York, pero la propuesta de Khanna para que el presidente Trump detenga a Netanyahu trasciende los límites de un solo municipio. No obstante, el resultado jurídico sería el mismo en cualquier parte del país. Arrestar al primer ministro sobre la base de las órdenes de la CPI también constituiría el agravio civil intencionado de privación ilegítima de la libertad.
Una detención abriría responsabilidades civiles y federales
En una demanda civil de esa naturaleza, el aspecto determinante sería probar que el demandado actuó “sin autoridad legal”. Como Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma y, por ello, no reconoce los procedimientos de la CPI, ningún funcionario gubernamental dispone de la “autoridad legal” necesaria para ejecutar las órdenes de ese tribunal.
Además, cualquier intento de detener a Netanyahu activaría la jurisdicción federal. Tanto el primer ministro como Israel estarían facultados para llevar a los responsables ante un tribunal federal, una situación que podría provocar repercusiones financieras y diplomáticas de enormes proporciones.
Mamdani sostiene que Nueva York es una “ciudad de derecho internacional”. No lo es ni puede serlo, y ningún alcalde tiene atribuciones para declarar lo contrario.
Nueva York sigue sometida al derecho constitucional
La Gran Manzana es un área metropolitana situada en el estado de Nueva York, que a su vez forma parte de los Estados Unidos de América. En consecuencia, la ciudad está sometida al derecho constitucional, como cualquier otro municipio del país.
Khanna, por su parte, afirma que “Estados Unidos necesita cooperar con la CPI” porque “se trata de una cuestión relativa a un orden internacional basado en normas”. Esa afirmación es falsa.
El “orden internacional basado en normas” descansa en el consentimiento de los Estados. Aunque Estados Unidos coincide con buena parte del contenido del Estatuto de Roma, nunca aceptó someterse a la jurisdicción de la CPI mediante la ratificación de ese tratado multilateral.
En consecuencia, las órdenes de arresto expedidas por la CPI no producen efectos jurídicos en Estados Unidos. Detener a Benjamin Netanyahu vulneraría el derecho constitucional vigente en todo el territorio estadounidense y también el propio orden internacional basado en normas.
