Una corte de Rusia sentenció a cinco años y medio de prisión a los periodistas Antonina Favorskaya, Kostantin Gabov, Sergey Karelin y Artyom Kriger por presunta participación en una organización catalogada como extremista. Las autoridades los acusaron de colaborar con la Fundación para la Lucha contra la Corrupción, creada por Alexei Navalny, opositor muerto en una prisión del Ártico en febrero de 2024.
Los acusados negaron haber cometido delitos y defendieron que sus actividades eran estrictamente periodísticas. Karelin, con ciudadanía israelí, residió por un tiempo en Israel junto a su familia, según el diario Haaretz.
Este juicio se desarrolló a puerta cerrada, dentro del marco de una represión estatal sin precedentes contra voces críticas desde que Rusia lanzó su ofensiva militar en Ucrania en 2022. Decenas de opositores, periodistas, activistas y ciudadanos comunes han sido encarcelados o forzados al exilio.
Favorskaya y Kriger pertenecían al medio independiente SotaVision, especializado en coberturas de protestas y procesos políticos. Gabov había trabajado para distintas agencias, incluida Reuters. Karelin colaboró con medios occidentales como The Associated Press.
La Fiscalía acusó a los cuatro de cooperar con una fundación ilegal desde 2021, año en que el gobierno ruso la etiquetó como organización extremista en un proceso considerado por muchos como políticamente motivado.
Navalny, principal rival del presidente Vladimir Putin, pasó años denunciando la corrupción estatal. Murió mientras cumplía una pena de 19 años, tras haber sido condenado por dirigir un grupo extremista, cargos que él rechazó por considerarlos falsos.
Favorskaya declaró en una audiencia pública que su imputación respondía a un reportaje sobre los abusos sufridos por Navalny en prisión. También aseguró que su implicación en la organización del funeral del opositor motivó el castigo.
Gabov calificó los cargos como infundados en un mensaje final que publicó Novaya Gazeta. Señaló que su labor periodística había sido equiparada injustamente con extremismo, y que la Fiscalía no presentó pruebas sólidas.
Karelin explicó en su declaración que su único vínculo con el canal Popular Politics fue la realización de entrevistas callejeras para mantener a su familia. Insistió en que dicho canal no estaba proscrito y que no incurrió en actividades ilegales. En su discurso, subrayó que su encarcelamiento se debía a su integridad profesional y amor por su país y su familia.
Kriger sostuvo que fue incluido en la lista de extremistas y terroristas por ejercer su labor periodística con honestidad durante más de cuatro años. Al salir de la sala, lanzó un mensaje de esperanza a sus seguidores y deseó que los responsables de la condena enfrenten la justicia en el futuro.
Simpatizantes reunidos en el tribunal mostraron su apoyo con vítores y aplausos mientras los periodistas eran escoltados fuera del recinto. Sus abogados anunciaron que apelarán el fallo. Yelena Sheremetyeva, defensora de Kriger, lo calificó de ilegal e injusto. Irina Biryukova afirmó que no existen pruebas de ningún delito.
El grupo Memorial reconoció a los cuatro como prisioneros políticos, sumándose a una lista que supera los 900 casos. Entre ellos figura Mikhail Kriger, tío de Artyom Kriger, encarcelado desde 2022 por comentarios en Facebook donde expresó su deseo de “ahorcar” a Putin. Fue condenado por justificar el terrorismo e incitar al odio.
