Ocho especialistas en derechos humanos de la ONU solicitaron a Irán suspender la ejecución de Goli Kouhkan, una mujer baluchi indocumentada de 25 años, condenada por la muerte de su esposo abusivo con quien fue obligada a casarse a los 12 años. Los expertos difundieron su llamado mediante un comunicado emitido ayer.
“El caso de Kouhkan ejemplifica el sesgo sistémico de género que sufren las mujeres víctimas de matrimonio infantil y violencia doméstica dentro del sistema de justicia penal iraní”, afirmaron los expertos. “Llevar a cabo la ejecución constituiría una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”.
El texto detalla que Kouhkan fue forzada a unirse en matrimonio con su primo a los 12 años y que un año después dio a luz a su hijo en su vivienda sin recibir atención médica. El informe subraya las condiciones de vulnerabilidad y exclusión que marcaron su infancia.
Los expertos, entre ellos el relator especial sobre la situación de los derechos en Irán y miembros del grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas, señalaron que Kouhkan padeció años de agresiones físicas y psicológicas mientras realizaba labores agrícolas como trabajadora jornalera.
En mayo de 2018, con 18 años, su esposo agredió violentamente a ella y a su hijo de cinco años. Tras pedir auxilio a un familiar, la confrontación derivó en una pelea en la que el hombre murió. El caso se resolvió con su condena a muerte tras un proceso cuestionado por falta de garantías.
“Goli Kouhkan es una superviviente de violencia doméstica y una víctima del sistema judicial”, afirmaron los especialistas, quienes actúan bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos, aunque aclararon que no representan la posición oficial de las Naciones Unidas.
El grupo señaló que Kouhkan, analfabeta y sin defensa legal adecuada, habría sido forzada a aceptar toda la culpa por la muerte de su marido. Además, denunciaron irregularidades procesales que influyeron en la sentencia capital dictada contra ella.
La familia del hombre muerto manifestó que desistiría de la ejecución si la acusada pagaba el “dinero de sangre” previsto en la ley sharía. Sin embargo, el comunicado indicó que la suma exigida, equivalente a 90.000 dólares, era “considerablemente más alta que la tarifa recomendada y muy fuera de su alcance”.
Los expertos remarcaron que cerca del 50 % de las 241 mujeres ejecutadas en Irán entre 2010 y 2024 fueron condenadas por homicidios de sus esposos o parejas íntimas. La cifra evidencia un patrón estructural de discriminación contra mujeres víctimas de violencia doméstica.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos destacan que Irán ocupa el segundo lugar mundial en número de ejecuciones, solo detrás de China, lo que refuerza la preocupación por la aplicación sistemática de la pena de muerte en el país.
