En marzo, Irán se convirtió en el epicentro del brote de coronavirus en el Oriente Medio. Desde los primeros días de la crisis, el país fue criticado tanto por la mala gestión como por la manipulación de datos con fines políticos. Especialmente preocupante ha sido la persistencia del gobierno en mantener a los presos políticos encerrados a pesar de la amenaza inminente de un brote en las prisiones.
Hoy en día hay muchos hombres y mujeres tras las rejas por su activismo político y por defender los derechos humanos en Irán. Con el brote, la situación se ha convertido en una de vida o muerte. Irán ya ha puesto en libertad a unos 85.000 detenidos de “bajo nivel”. Pero a pesar de los peligros, la mayoría de los presos políticos siguen detenidos.
La semana pasada, 13 expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron a Irán que “amplíe su liberación temporal de miles de detenidos para incluir a los presos de conciencia”. Los expertos mencionaron específicamente a dos icónicas defensoras de los derechos de la mujer – Nasrin Sotoudeh y Narges Mohammadi – que ahora están esencialmente detenidas en una incubadora por infecciones, lo que aumenta la crueldad de su ya injusto encarcelamiento.
Sotoudeh es probablemente la prisionera política de mayor renombre internacional en Irán. Como una de las abogadas de derechos humanos más destacadas del país, ha participado en muchos casos jurídicos de gran repercusión. Además de representar a activistas políticos, ha defendido a mujeres que protestaban contra el uso obligatorio del velo islámico. Siempre hay consecuencias para los defensores de los derechos en Irán, y no es sorprendente que haya tenido que hacer frente a graves problemas durante su carrera. En 2011, fue condenada a 11 años de prisión y se le prohibió ejercer la abogacía y salir del país durante 20 años. Aunque el tribunal de apelaciones redujo su condena a seis años y su prohibición de ejercer la abogacía a 10 años, el poder judicial quiso hacer de ella un ejemplo. Madre de dos hijos, Sotoudeh fue liberada después de tres años, pero fue arrestada nuevamente en junio de 2018 y acusada de espionaje, difusión de propaganda e insultos al líder supremo de Irán. Esta vez se le dieron 148 latigazos y una sentencia total de 38 años, 12 de los cuales debe cumplir.
En marzo, justo antes del Año Nuevo iraní, Sotoudeh inició una huelga de hambre, exigiendo la liberación de los presos políticos durante el brote de coronavirus. En una declaración desde la prisión de Evin en Teherán, dijo: “Los mismos organismos militares y de inteligencia que comprometen la seguridad de esta nación con sus políticas antagónicas insisten en mantener a los presos políticos en las cárceles hasta que los horrores de esta crisis sanitaria se extiendan a sus vidas y afecten también a sus familias”.
Mohammadi, destacada activista y vicepresidente del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, dirigida por la ganadora del Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, cumple desde 2015 una condena de 16 años por participar en actividades de activismo pacífico en favor de los derechos humanos. No puede ser liberada antes de cumplir 10 años.
Conocida por su resistencia y determinación, Mohammadi no renunció a su activismo por los derechos humanos en la cárcel. Ella y otros siete reclusos hicieron una sentada dentro de la prisión de Evin para expresar su solidaridad con las familias que lloran a los manifestantes muertos en el levantamiento de noviembre de Irán. También emitió una declaración abierta condenando a las autoridades por los asesinatos y el trato abusivo de los nuevos detenidos que llegaron a la prisión después de la represión de noviembre.
Su activismo en la prisión fue notorio y fue castigada por ello. En diciembre, la sacaron de las instalaciones de Evin y la exiliaron a una prisión en la ciudad de Zanjan, que está a más de 300 kilómetros (186 millas) de Teherán. Se la mantiene con los reclusos de la población general en una sala superpoblada y sin ventilación. Su traslado a Zanjan coincidió con el brote de coronavirus en el país, lo cual es particularmente peligroso para ella ya que sufre de problemas gastrointestinales y pulmonares. Su madre, Ozra Bazargan, reaccionó a este alarmante acontecimiento escribiendo una carta al jefe de la judicatura Ebrahim Raisi en la que advertía de la situación de peligro de muerte a la que se enfrentaba su hija. Sin embargo, junto con Sotoudeh y muchos otros defensores de los derechos, Mohammadi permanece tras las rejas durante estos días difíciles.
Además de los 85.000 reclusos que las autoridades iraníes ya han puesto en libertad temporalmente desde el comienzo de la pandemia de coronavirus para reducir la presión en las cárceles superpobladas, unos 10.000 reclusos fueron indultados antes del Año Nuevo iraní. Aunque algunos prisioneros políticos han sido liberados, la gran mayoría sigue tras las rejas. Cuando comenzó la pandemia y se plantearon preguntas sobre los peligros a los que se enfrentan los presos, las autoridades dejaron claro que no pondrían en libertad a ningún preso político que cumpliera una condena superior a cinco años. Dado que un número importante de presos políticos, incluidas Sotoudeh y Mohammadi, tienen condenas largas, es poco probable que reúnan los requisitos para una liberación temporal. Como si las duras penas de prisión no fueran suficientes, ahora estos prisioneros políticos se enfrentan a un asesino invisible, que solo se suma a sus problemas físicos y psicológicos.
¿Por qué el gobierno es tan reacio a liberar a los prisioneros políticos? La respuesta está en la crisis de legitimidad que ha provocado el estancamiento político, la corrupción generalizada, la parálisis de la situación económica y el uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad para frenar las recientes protestas contra el Estado. La pandemia del coronavirus y sus devastadoras consecuencias socioeconómicas no han hecho sino aumentar la ansiedad del Estado por mantener el orden. Dada la historia de prisioneros políticos como Sotoudeh y Mohammadi, es probable que critiquen públicamente al gobierno cuando sean liberados.
Las autoridades temen perder el control durante este tiempo lleno de presiones. Tanto las inseguridades de un gobierno que intenta mantener su control como la actual situación sociopolítica han creado obstáculos para que los prisioneros políticos califiquen para una liberación temporal. A pesar de las afirmaciones del gobierno, no hay pruebas fiables que sugieran que el coronavirus está bajo control, y los prisioneros son particularmente vulnerables.
