Una misión internacional de investigación de la ONU concluyó que existen motivos razonables para considerar que Estados Unidos fue responsable de dos ataques militares contra una escuela y un centro deportivo en Irán durante febrero, y que ambos constituyeron crímenes de guerra.
El informe también sostiene que las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas antigubernamentales iniciadas a fines de diciembre.
El documento será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y analiza tanto la actuación de Estados Unidos durante la guerra con Irán iniciada en febrero como la respuesta del gobierno iraní a las manifestaciones en distintas zonas del país.
Hasta el momento, las misiones permanentes de Irán y de Estados Unidos en Ginebra no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.
Funcionarios estadounidenses habían señalado anteriormente que sus operaciones militares se desarrollan conforme al derecho de los conflictos armados. Por su parte, Irán ha rechazado de manera constante las acusaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La misión afirmó que encontró motivos razonables para atribuir a las fuerzas estadounidenses el ataque contra la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab, donde, según autoridades iraníes, murieron más de 150 personas, entre ellas unos 120 escolares.
Según el informe, el ataque fue indiscriminado, provocó la muerte de civiles y daños a infraestructura civil, por lo que encaja en la definición de crimen de guerra según el derecho internacional.
La investigación añade que Estados Unidos actuó con base en información de inteligencia que indicaba la posible presencia de un alto comandante militar iraní, pero que esa información no fue verificada de forma adecuada antes del ataque. Además, los expertos no hallaron pruebas de que la escuela estuviera siendo utilizada con fines militares.
La misión llegó a una conclusión similar sobre el ataque contra un centro deportivo en Lamerd. Indicó que la acción dañó edificios residenciales cercanos y una escuela, además de causar 22 víctimas civiles entre muertos y heridos, por lo que también la calificó como un ataque indiscriminado constitutivo de crimen de guerra.
En marzo, el Comando Central de Estados Unidos aseguró que sus fuerzas no realizaron ningún ataque contra la ciudad de Lamerd ese día.
Respecto a las protestas en Irán, la misión concluyó que las autoridades ejecutaron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, con homicidios ilegítimos, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y fuertes restricciones a la libertad de expresión.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que entre las víctimas hubo personas que no participaban en las manifestaciones. El gobierno iraní responsabilizó de los disturbios a terroristas y alborotadores respaldados por opositores exiliados y por Estados Unidos e Israel.
La investigación indicó que no pudo verificar de forma independiente el número de muertos, aunque considera probable que las cifras reales de muertos y heridos sean superiores a las oficiales, que reportan 3.038 muertos y 25.000 heridos.
El informe concluye que la respuesta del gobierno iraní, que incluyó violencia, asesinatos, cortes de Internet y aplicación de la pena de muerte, representó una escalada significativa respecto de anteriores episodios de represión de la disidencia.
