Los expertos de las Naciones Unidas señalan que los grupos armados, las redes delictivas y algunos agentes del orden del Congo están cosechando grandes sumas de dinero de la explotación ilegal de oro y otros recursos naturales y de su contrabando a Uganda, Burundi, Rwanda, Tanzanía y los Emiratos Árabes Unidos.
Los expertos que vigilan la aplicación de las sanciones de la ONU contra el Congo señalaron en un informe al Consejo de Seguridad de la ONU obtenido el viernes por The Associated Press que “los volúmenes de oro de contrabando eran significativamente más altos que los volúmenes de oro comercializado legalmente”.
El Consejo impuso sanciones al Congo tras el fin de las guerras consecutivas que destruyeron gran parte de la nación centroafricana en 2002. La violencia esporádica ha seguido asolando la vasta región fronteriza oriental de la nación, rica en minerales, donde las milicias locales se enfrentan regularmente entre sí, así como con las fuerzas del ejército congoleño y los autores del genocidio de Ruanda del 1994.
El grupo de expertos indicó que rastreó el oro congoleño “hasta las refinerías regionales y otros destinos internacionales y descubrió que algunas refinerías actuaban como intermediarias, utilizaban pagos en efectivo, realizaban operaciones comerciales de refinador a refinador y utilizaban redes empresariales para ocultar la propiedad, lo que inhibía la responsabilidad de la cadena de suministro”. Los comerciantes de oro también evitaron usar las redes bancarias formales, añadió.
El panel afirmó que encontró que Kivu del Norte y del Sur en el este del Congo y la provincia de Ituri en el noreste reportaron una producción oficial de poco más de 60 kilogramos de oro extraído de la superficie en el 2019 y exportaron un total de poco más de 73 kilogramos.
Los expertos señalaron que Bunia, la capital de Ituri, sigue siendo un centro de comercio y contrabando de oro donde ocho locales vendedores de oro compraron cada uno un mínimo de 2 a 3 kilogramos de oro por semana, según tres comerciantes y un funcionario de minería.
“Sobre la base de esas cantidades, el grupo estimó que se había comprado un mínimo de 1 100 kilogramos de oro y se lo había sacado de contrabando del Congo en el 2019 solo de Ituri, lo que podría haber generado hasta 1,88 millones de dólares en impuestos si se hubiera exportado legalmente”, señaló el grupo en el informe de 42 páginas.
El oro contrabandeado desde Ituri se comercializó notablemente en la capital de Uganda, Kampala, indicaron los expertos, citando a dos contrabandistas que describieron tres viajes recientes de Bunia a Kampala con un total combinado de 7 kilogramos de oro, “que vendieron a comerciantes ‘indios’“.
Según siete contrabandistas, el panel afirmó que el oro de Kivu del Sur fue a Burundi, Ruanda, Tanzania y los Emiratos Árabes Unidos.
Los expertos anunciaron que dos contrabandistas describieron el transporte de oro desde Bukavu en Kivu del Sur al aeropuerto internacional de Kamembe en Ruanda para los vuelos a los Emiratos Árabes Unidos durante el año 2019, y cuatro contrabandistas declararon que las autoridades aduaneras de la ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos, Dubai, y los compradores “no hicieron preguntas sobre el origen del oro”.
En diciembre del 2019, indicó el grupo, recibió una actualización de los EAU en la que se mencionaba que había adoptado medidas con el Congo para combatir el comercio ilícito de oro y que también había tomado medidas para capacitar a los funcionarios de aduanas.
El grupo señaló que había documentado redes integradas por algunos nacionales de Tanzania involucrados en el contrabando de oro de Kivu del Sur, incluido el traslado a través del lago Tanganica a Burundi y luego a Tanzania.
Los expertos indicaron que el grupo rebelde Mai-Mai Yakutumba financiaba sus actividades con el oro comercializado y gravado desde el territorio de Kivu del Sur, donde operaba. El grupo mencionó también que el jeque Hassani, líder del grupo rebelde Mai-Mai Malaika, se beneficiaba de la producción clandestina de oro en la concesión minera de Namoya en la provincia de Maniema, en el Congo centro oriental.
En la mina de Kachanga, en Kivu del Sur, el panel citó a tres excavadores que dijeron que, desde el 2019 hasta por lo menos marzo del 2020, más de 120 miembros combinados de sus cooperativas de minería de oro tuvieron que pagar mil francos congoleños diarios a algunos miembros de las fuerzas armadas del Congo “que enviaron el dinero a la jerarquía militar de la 33ª región militar”.
El panel mencionó que analizó los datos sobre la producción y el comercio de oro de Burundi, Ruanda, Uganda y Tanzania sobre la base de la frecuencia y el volumen del contrabando de oro del Congo a los centros regionales de comercio y tránsito y más allá de ellos, también constató que la producción registrada en muchos de esos países era baja en relación con sus exportaciones de oro.
Como ejemplo, los expertos estimaron, utilizando información publicada por las autoridades de Uganda, que “más del 95% de las exportaciones de oro de Uganda eran de origen no ugandés en el 2019”.
En cuanto a otros metales extraídos en el Congo, los expertos afirmaron que las empresas que comercian con estaño, tántalo y tungsteno aplicaban medidas internacionales de trazabilidad de los minerales. Sin embargo, tras hablar con más de 100 excavadores de 15 zonas mineras, dijeron que seguían existiendo “debilidades sistémicas” que en algunos casos ponían en peligro la cadena de suministro en todo Kivu del Norte y del Sur.
El grupo anunció que había constatado que no todas las minas productoras estaban “validadas” y que a veces se introducían de contrabando en la cadena de suministro etiquetadas como minerales procedentes de minas que estaban validadas y participaban en el proceso de rastreo. También encontró casos en que los valiosos minerales coltán y casiterita, “cuya extracción y venta beneficiaba a los grupos armados, se comercializaban en cadenas de suministro etiquetadas”.
En febrero, los expertos informaron que las autoridades ruandesas les mostraron 155 kilogramos de coltán que habían sido incautados el 23 de enero y que, según dijeron, habían sido introducidos de contrabando desde el Congo. Los expertos mencionaron que también les mostraron siete lotes de minerales sin etiquetar incautados en otras partes de Ruanda desde junio del 2019, incluidos 360 kilogramos de presunto berilio, 293 kilogramos de presunta casiterita, 250 kilogramos de presunta wolframita y 54 kilogramos de presunto coltán.
En cuanto al embargo de armas, el grupo mencionó que había constatado que instructores extranjeros impartían capacitación a miembros de las fuerzas armadas congoleñas sin notificar al comité de sanciones como se requería, citando a instructores de nacionalidad china, israelí y sudafricana.
También mencionó que se entregaron armas a las fuerzas del país y que el personal de aviación civil extranjero proporcionó apoyo a la fuerza aérea del país, todo ello sin notificar al comité de las Naciones Unidas.
El panel reportó que, desde enero del 2018, más de dos mil toneladas de armas y municiones destinadas al ejército congoleño han sido enviadas sin necesidad de notificación previa al comité, citando ocho transferencias del ejército chino y la compañía estatal de armas y municiones y de empresas privadas. También citó armas enviadas al ejército que son similares a las de Albania, Bulgaria y el Brasil.
