El Tribunal Superior de Justicia de Israel dictaminó el jueves que era inconstitucional una enmienda de 2015 que niega los beneficios por hijos a los padres de menores condenados por delitos relacionados con la seguridad nacional durante el periodo de su encarcelamiento.
El fallo, aprobado por una escasa mayoría de 5 a 4, dictaminó que la enmienda viola de forma desproporcionada el derecho constitucional a la igualdad, y congeló la ley durante un año para que la Knesset pueda ordenar la corrección de sus defectos.
La petición fue presentada por la ONG Adalah, centro jurídico para los derechos de las minorías árabes en Israel, en su nombre y en el de la ONG HaMoked, Al-Dameer y la ONG Defensa de los Niños Internacional (DCI).
El abogado Sausan Zohar, del Centro Adalah, dijo en una declaración en respuesta a la sentencia que “está claro que no hay posibilidad constitucional de anclar esta herramienta vengativa dentro de una ley que produce un conjunto de leyes para los presos menores palestinos y otra ley para los presos menores en los procesos penales”.
“El propósito universal de las pensiones no debe ser utilizado como herramienta disuasoria y punitiva, esto es contrario a los principios más básicos del derecho penal, especialmente porque la enmienda fue aprobada deliberadamente para aplicarse discriminatoriamente a los menores palestinos”, añadió.
“Esta sentencia pretende ser discriminatoria para los menores palestinos. Esta sentencia llega después de repetidas oportunidades dadas al Estado para eliminar o corregir el defecto y no se le deben dar oportunidades adicionales para ejercer esa lógica errónea”.
En cuanto a la decisión de congelar la ley durante un año mientras se intenta corregirla, Sawsan dijo que “este fallo llega después de repetidas oportunidades dadas al Estado para anular o corregir el defecto y no se deben dar más oportunidades al Estado para ejercer esa lógica equivocada.”
El objetivo principal de la enmienda cuando se introdujo en 2015 era disuadir a los menores de lanzar piedras a los coches, soldados y ciudadanos israelíes.
Según el memorándum que acompañaba originalmente al proyecto de ley del gobierno, la razón de su introducción fue “la propagación del fenómeno del lanzamiento de piedras en los últimos tiempos, y los muchos riesgos que conlleva para el cuerpo y la propiedad”.