Saeb Erekat, Secretario General del Comité Ejecutivo de la OLP, el jueves elogió lo que describió como el informe “valiente y responsable” de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien dictaminó que “Palestina” es un Estado y que la CPI tiene jurisdicción sobre sus casos.
Erekat dijo en una declaración que Bensouda había pedido al comité preparatorio que determinara que la zona de jurisdicción de la CPI incluye la “Ribera Occidental” y el este de Jerusalén, así como la Franja de Gaza.
“La llegada a este punto envía un mensaje de esperanza a nuestro pueblo (palestino) de que se aproxima la fecha en que se iniciará una investigación criminal contra aquellos que en Israel han cometido crímenes de guerra contra el pueblo palestino”, dijo Erekat.
Señaló que el “Estado de Palestina” está dispuesto a prestar toda la asistencia necesaria a la Corte Penal Internacional para hacer avanzar la investigación contra Israel.
Bensouda anunció en diciembre pasado que tiene la intención de abrir una investigación completa sobre los presuntos “crímenes de guerra” israelíes, pero antes de abrir una investigación completa, pidió a la CPI que se pronuncie sobre el territorio sobre el que tiene jurisdicción debido a las “cuestiones jurídicas y fácticas únicas y muy controvertidas que conlleva esta situación”.
La fiscal añadió, sin embargo, que no requería ninguna autorización de los jueces para abrir una investigación ya que había habido una remisión de la AP, que se incorporó al tribunal en 2015 y desde entonces ha presentado una serie de denuncias legales contra Israel.
El anuncio de Bensouda fue criticado en Israel y también por países como Australia y Hungría. Alemania, por su parte, respaldó el argumento de Israel de que la jurisdicción del tribunal no se extiende a las zonas asignadas por la Autoridad Palestina, ya que “Palestina” no es un Estado que cumpla todos los criterios del derecho internacional general.
Antes de que la CPI dijera que retrasaría el debate sobre la jurisdicción, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu pidió que se impusieran sanciones a la CPI, diciendo que su investigación sobre las acciones de Israel contra Hamás en 2014 era un “ataque frontal completo” contra los derechos de las democracias a la autodefensa.