El presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas planea llevar su gobierno al colapso para evitar que Israel siga con su plan de aplicar la soberanía a grandes partes de Judea y Samaria y al Valle del Jordán, dijo un alto funcionario palestino al The New York Times el lunes.
Según el informe, Abbas planea recortar los salarios de decenas de miles de funcionarios y policías, así como los 105 millones de dólares de ayuda mensual que envía a la Franja de Gaza.
Además, todo ciudadano israelí o residente árabe de Jerusalén que sea detenido en Judea y Samaria será juzgado en tribunales palestinos en lugar de ser entregado a la Policía de Israel, según el informe.
Estas medidas de provocación tienen por objeto impedir que Israel siga adelante con su plan de soberanía. La medida de soberanía ha sido respaldada por la administración Trump como parte de su “acuerdo del siglo”, pero ha recibido una feroz objeción de los palestinos.
La Unión Europea y las Naciones Unidas han advertido a Israel de que no tome ninguna medida unilateral, diciendo que la anexión condenaría el ya moribundo proceso de paz israelí-palestino.
Según Hussein al-Sheikh, el funcionario palestino encargado de las relaciones con Israel y uno de los asesores más cercanos de Abbas, el líder palestino quiere obligar efectivamente a Israel a asumir la plena responsabilidad, “como ocupante militar”, de los dos millones de palestinos que viven en Judea y Samaria.
“No somos nihilistas, ni tontos, y no queremos el caos”, dijo el jeque a NYT. “Somos pragmáticos”, añadió. “No queremos que las cosas lleguen a un punto sin retorno. La anexión significa no retorno en la relación con Israel”.
Abbas ya ha suspendido la cooperación en materia de seguridad con Israel, una estrategia que, según Sheikh, “tiene por objeto recordar a los israelíes las cargas que asumirían si la Autoridad Palestina se disolviera, y demostrar que están dispuestos a dejar que la autoridad se derrumbe si se produce la anexión”.
Advirtió que, si el líder palestino se quedara sin poder perseguir la condición de Estado, “la Autoridad Palestina se vería reducida a realizar funciones civiles, convirtiéndose efectivamente en un agente de la ocupación israelí”. “No aceptaré que mi papel sea el de un proveedor de servicios. No soy un municipio o una organización benéfica”.
Como parte de los pasos ya dados, la Autoridad Palestina se ha negado a aceptar los fondos de impuestos mensuales que Israel recauda en su nombre.
Sheikh, sin embargo, admitió que el rechazo de los fondos enviaría a la ya apretada Autoridad Palestina al borde del colapso económico.
También confirmó que Ramallah planea suspender su ayuda a la Franja de Gaza, que en su mayoría cubre los salarios de los funcionarios del gobierno de Hamás.
Hamás, designada como organización terrorista por Israel, los Estados Unidos, el Canadá, la Unión Europea y Egipto, expulsó de Gaza al Fatah de Abbas en un golpe militar en 2007, pero la Autoridad Palestina sigue apoyando a los empleados de la facción rival.
Es probable que esta medida desestabilice aún más el volátil enclave costero.
No obstante, el jeque dijo que, a pesar de haber cortado los vínculos de seguridad con Israel, los 30.000 agentes de policía y de inteligencia de la Autoridad Palestina seguirían manteniendo el orden público y luchando contra el terrorismo.
“Evitaremos la violencia y el caos”, dijo. “No permitiremos el derramamiento de sangre. Es una decisión estratégica”.
Pero la coordinación de la seguridad con Israel era un medio para un fin político, señaló el jeque, diciendo: “Quiero la paz y dos estados. Pero no soy un colaborador de Israel”.