Irán insta al máximo tribunal de la ONU a que escuche su propuesta de anular las sanciones nucleares de los Estados Unidos, diciendo que estaban destruyendo la economía iraní y “arruinando millones de vidas”.
La Corte Internacional de Justicia (CPI) en La Haya está escuchando esta semana los argumentos de Teherán y Washington antes de decidir si tiene jurisdicción para tratar el caso.
Irán arrastró a los Estados Unidos a la CPI en el 2018 cuando el presidente Donald Trump sacó a los Estados Unidos de un acuerdo histórico que limitaba el programa nuclear de Irán y reimpuso sanciones.
El representante de Teherán, Hamidreza Oloumiyazdi, menciona a la corte por videoconferencia que las sanciones fueron una “clara violación” de un “Tratado de Amistad” de 1955 entre Irán y los Estados Unidos.
“Las medidas de los Estados Unidos y la política subyacente de máxima presión hacen caso omiso de los fundamentos mismos del derecho internacional”, añade Oloumiyazdi.
Afirma que las sanciones estaban causando “dificultades y sufrimientos”, entre ellos una caída sin precedentes del comercio de Irán, una casi duplicación de los precios de los alimentos y efectos “graves” en el sistema de salud.
“Todo lo que importa ahora para la administración estadounidense es si sus medidas están logrando destruir la economía iraní y arruinar las vidas de millones de iraníes”, añade Oloumiyazdi.
El lunes, los Estados Unidos instaron a la Corte Internacional de Justicia a rechazar el caso, alegando que las sanciones no tienen nada que ver con el tratado de amistad, que precedió a la revolución islámica de 1979 en Irán y la posterior ruptura de los lazos entre ambos países.
Argumentó que las sanciones eran necesarias porque Irán representaba una “grave amenaza” para la seguridad internacional.
Washington puso fin oficialmente al Tratado de Amistad a finales de 2018 después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara que se suavizaran las sanciones sobre los bienes humanitarios como medida de emergencia mientras se tramitaba la demanda general.
La decisión sobre la jurisdicción de la CPI, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial para dictaminar en controversias entre naciones, podría tardar varios meses, mientras que un fallo definitivo llevaría años.