Un total de 24 países votaron a favor de crear una comisión internacional con un amplio mandato para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos antes y durante el último conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, que terminó hace una semana.
La decisión de crear la comisión se tomó en una sesión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH), convocada a petición de más de 60 países. La resolución recibió 24 votos a favor y nueve en contra, con la abstención de 14 países.
¿Pero qué 24 países hicieron posible la votación? Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la votación refleja una «clara obsesión antiisraelí» del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Entre ellos se encuentran cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Cuba, México y Venezuela. Ninguno de ellos ha condenado los ataques de Hamás. Además, muchos de ellos tienen ahora formas de gobierno que distan mucho de ser democráticas.
Esta es la lista de los 24 países y jefes de Estado que votaron a favor:
- Argentina: Alberto Fernández
- Armenia: Armén Sarkissian
- Bahréin: Jalifa bin Salman Al Jalifa
- Bangladesh: Abdul Hamid
- Bolivia: Luis Arce
- Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré
- China: Xi Jinping
- Costa de Marfil: Alassane Ouattara
- Cuba: Miguel Díaz Canel
- Eritrea: Isaías Afewerki
- Gabón: Ali Bongo
- Indonesia: Joko Widodo
- Libia: Mohamed al-Menfi
- Mauritania: Mohamed Ould Ghazouani
- México: Andrés Manuel López Obrador
- Namibia: Hage Geingob
- Pakistán: Arif Alvi
- Filipinas: Rodrigo Duterte
- Rusia: Vladimir Putin
- Senegal: Macky Sall
- Somalia: Abdullahi Mohamed
- Sudán: Abdel Fattah Abdelrahman Burhan
- Uzbekistán: Shavkat Mirziyoyev
- Venezuela: Nicolás Maduro
Votaron en contra de la resolución Austria, Bulgaria, Camerún, la República Checa, Alemania, Malaui, Islas Marshall, el Reino Unido y Uruguay.
Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la aprobación por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la investigación internacional es una “decisión vergonzosa”.
La votación de la investigación “es un ejemplo más de la clara obsesión antiisraelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, declaró en un comunicado, en el que acusó a quienes aprobaron la investigación de “encubrir a una organización terrorista genocida que apunta deliberadamente a civiles israelíes mientras convierte a los civiles de Gaza en escudos humanos”, en referencia al movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto la franja desde desde 2007.
Por otra parte, Netanyahu argumentó que Israel es “una democracia que actúa legítimamente para proteger a sus ciudadanos de miles de ataques indiscriminados con cohetes” y describió la creación de la comisión investigadora como una “parodia que se burla del derecho internacional y alienta a los terroristas en todo el mundo”.
El Ministerio de Exteriores israelí también se refirió a la decisión del jueves y dijo que “cualquier resolución que no condene el lanzamiento de más de 4.300 cohetes por una organización terrorista contra civiles israelíes, o incluso mencione a la organización terrorista Hamás, no es más que un fracaso moral y una mancha para la comunidad internacional y la ONU”.
En un comunicado difundido por un portavoz, Exteriores señaló que el CDH cuenta con “una mayoría antisraelí guiada por la hipocresía y el absurdo” y anticipó que “Israel no cooperará con esta investigación”.
La resolución aprobada encarga a la nueva comisión -cuyos miembros deberán ser designados por la presidencia del CDH, en estos momentos a cargo de Fiji- que investigue lo ocurrido no desde el pasado 6 de mayo, fecha que se considera el inicio de los enfrentamientos, sino desde el 13 de abril.
La resolución encarga a la comisión por crearse que registre y preserve toda la información que encuentre y que pueda servir de prueba en eventuales procesos legales, que identifique a los responsables de las violaciones y que recomiende medidas que podrían servir para hacer justicia.
Asimismo, pide a los Estados que se abstengan de transferir armamento cuando exista el riesgo de que éste pudiera ser usado para cometer violaciones graves de los derechos humanos.