El gobierno de Biden le dice a Israel que los desacuerdos entre ellos deben permanecer en privado. Su doble moral, al igual que su hipocresía, es asombrosa.
Washington no tuvo ningún problema, por ejemplo, en criticar públicamente la decisión de Israel de seguir adelante con su eficaz política de demolición de las casas de los terroristas palestino-árabes que asesinan a judíos y estadounidenses. A principios de este mes, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, dijo: “Le damos mucha prioridad a esto, sabiendo que la vivienda de toda una familia no debería ser demolido por la acción de un individuo”.
Sin embargo, se olvidó de mencionar que Israel se ha visto obligado a neutralizar el grotesco incentivo para los terroristas que supone la política de “pago por asesinato” de la Autoridad Palestina.
Esta oposición pública de Estados Unidos a uno de los elementos clave de disuasión de Israel solo fomentará más terrorismo.
El gobierno de Biden ya revirtió la interrupción de la ayuda estadounidense a la AP, implementada por el gobierno del ex presidente Donald Trump, reanudando la transferencia de cientos de millones de dólares a Ramallah. Esto solo sirve para animar a la AP a mantener su política de “pagar por matar”.
También es una repetición del comportamiento de la administración Obama, que dio dinero a la Autoridad Palestina a pesar de su descarada incentivación del terrorismo, mientras presionaba a Israel para que cesara sus propias políticas, como las demoliciones de viviendas, destinadas a disuadir el terrorismo. Esto no es sorprendente, ya que la administración Biden está llena de funcionarios de la administración Obama.
El Secretario de Estado de Obama y actual miembro de la administración Biden, John Kerry, declaró famosamente: “No, no, no” al comentar la posibilidad de que los países árabes lleguen a acuerdos de paz por separado con Israel antes de que se resuelva la cuestión palestina. Esta afirmación de “hecho” se demostró totalmente falaz con la firma de los Acuerdos de Abraham entre Israel y los EAU y Bahréin, así como los posteriores acuerdos con Sudán y Marruecos.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yair Lapid, ha declarado que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, le dijo que la normalización con los países árabes “requiere que hagamos un esfuerzo con los palestinos”.
Este punto de vista, según Lapid, es “contrario a la administración Trump”, que “dio la sensación de que [los Acuerdos de Abraham] eran en lugar de un progreso en el frente palestino, o una forma de demostrar que es innecesario”.
Lapid continuó dejando claro que estaba de acuerdo con el enfoque de la administración Trump, comentando que “los palestinos tienen que querer el progreso por sí mismos para que alguien pueda ayudarles, y esa no es la situación ahora en la Autoridad Palestina o en Hamás”. “No disparen 4.000 cohetes a los israelíes si quieren recibir ayuda”, dijo sobre la reconstrucción de Gaza.
En otras palabras, no puede entender por qué el gobierno de Biden no quiere ampliar los Acuerdos de Abraham lo más rápidamente posible, y tiene razón al preguntarse, ya que no se han ampliado desde que Biden asumió el cargo.
Los restos de los soldados israelíes Hadar Goldin y Oron Shaul -así como de Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, dos civiles israelíes con problemas mentales que se adentraron en Gaza en 2014 y 2015- están secuestrados por Hamás. En su reciente visita a Washington, el ex presidente israelí Reuven Rivlin llevó consigo a la madre de Goldin, Leah, para argumentar que el gobierno del primer ministro Naftali Bennett y el primer ministro suplente Lapid no permitirán que Gaza reciba fondos importantes sin el regreso de los jóvenes.
Hamás, por supuesto, quiere la liberación de sus terroristas a cambio, algo que provocaría más víctimas israelíes. En lugar de apoyar la posición de Israel en este asunto, la administración Biden está presionando a Israel para que abandone su postura y permita la entrada de dinero en la Franja controlada por Hamás, incluso sin la devolución de los hombres. Esto solo impulsaría a Hamás y le animaría a utilizar tanto a los israelíes vivos como a los caídos como moneda de cambio.
El gobierno de Biden también está presionando al gobierno de Bennett-Lapid para que permita la reapertura del consulado estadounidense en Jerusalén, que había servido como embajada de facto para la Autoridad Palestina. Desde que la administración Trump abrió la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y cerró el Consulado, Biden no puede reabrir el Consulado sin la aprobación de Israel -algo que Israel no puede dar, ya que devaluará el reconocimiento de Estados Unidos de la ciudad como capital de Israel.
Debido a claras razones históricas, nunca ha habido ningún reconocimiento por parte de Estados Unidos de los derechos de los árabes palestinos sobre ninguna parte de Jerusalén; las oficinas de la AP están en Ramallah.
En una rara declaración bipartidista de la verdad inconfundible, el Senado de Estados Unidos votó recientemente por 97 a 3 para reafirmar el reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel. El ex alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, miembro de la Knesset por el Partido Likud -que está en la oposición-, está promoviendo una legislación para impedir la apertura del consulado estadounidense. El gobierno de Bennett-Lapid debería apoyar esta medida y dejar claro que no aceptará la reapertura del consulado.
El gobierno de Bennett-Lapid también se opone a la política de Estados Unidos con respecto a Irán. Sabiendo que el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, encabezado por la administración Obama, condujo a una ganancia financiera para Irán, permitiendo un aumento del 40 por ciento en su gasto de defensa, lo que le permitió ampliar su apoyo al terrorismo global y su programa de misiles balísticos.
Desde que la administración Trump se retiró del JCPOA en 2018, las reservas extranjeras de Irán cayeron de más de 100 mil millones de dólares a menos de 5 mil millones de dólares, lo que obligó a Irán, cuyo PIB se redujo significativamente, a reducir el apoyo al terrorismo.
Irán, que acaba de “elegir” al asesino de masas Ebrahim Raisi como presidente, ha declarado en repetidas ocasiones que su objetivo es la destrucción de Israel y Estados Unidos. Israel también ha encontrado pruebas sustanciales de que Irán estaba llevando a cabo un programa nuclear clandestino en violación del JCPOA.
El ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger dijo una vez que si alguien es un asesino, también puede ser un mentiroso. Así pues, ¿por qué firmar otro acuerdo con Irán, cuando es el principal Estado patrocinador del terrorismo; ha hecho claramente trampas en el acuerdo anterior; y planea, con la elección de Raisi, seguir una política aún más radical? El gobierno de Biden no ha proporcionado una justificación convincente para tal enfoque, porque no la hay.
Las posiciones de Israel son fundamentales para su seguridad en todas las cuestiones mencionadas. Muchas de las posiciones de la administración Biden ya fueron aplicadas por la administración Obama y fracasaron.
Las buenas relaciones con Estados Unidos son importantes, pero no tienen por qué ser a costa de que Israel comprometa sus intereses vitales y la seguridad de sus ciudadanos.
Además, si la administración Biden va a violar su propia exigencia de que los desacuerdos se mantengan en privado, entonces Israel debería dejar claro que también hablará en contra de las políticas estadounidenses que considera peligrosas.
