CIUDAD DE MÉXICO, México – La fiscalía mexicana informó el lunes que ha detenido a un empresario acusado de utilizar el programa espía Pegasus para espiar a un periodista.
El software comercializado por la empresa israelí de software espía NSO Group ha estado implicado en la vigilancia gubernamental de opositores y periodistas de todo el mundo.
México contaba con la lista más amplia —unos 15.000 números de teléfono— de entre los más de 50.000 que, al parecer, habían sido seleccionados por los clientes de NSO para su posible vigilancia.
Los fiscales federales anunciaron la detención el lunes, pero no nombraron al sospechoso en virtud de las normas destinadas a proteger la presunción de inocencia.
Un funcionario federal no autorizado a ser citado por su nombre dijo que el sospechoso es Juan Carlos García Rivera, que ha sido vinculado a la empresa Proyectos y Diseños VME y al Grupo KBH. Fue detenido el 1 de noviembre.
En julio, el máximo responsable de seguridad de México dijo que dos administraciones anteriores gastaron 61 millones de dólares para comprar el programa espía Pegasus. Las dos empresas a las que estaba vinculado el sospechoso eran supuestamente parte de algunos de los contratos.
Leopoldo Maldonado, del grupo de defensa de la libertad de prensa Artículo 19, dijo que la detención era la primera en México relacionada con el escándalo del programa espía Pegasus.
García Rivera es “un empleado técnico de una empresa privada que fue intermediaria de NSO en México, y se benefició del espionaje ilegal a personajes públicos”, dijo Maldonado, y añadió “pero eso no representa el fin de los responsables”.
La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, dijo en julio que se habían encontrado registros de 31 contratos firmados durante las administraciones del presidente Felipe Calderón en 2006-2012 y del presidente Enrique Peña Nieto en 2012-2018. Algunos contratos pueden haber sido disfrazados como compras de otros equipos.
El gobierno dijo que muchos de los contratos con NSO Group se firmaron con empresas de fachada, que a menudo se utilizan en México para facilitar sobornos o evitar impuestos.
La semana pasada, el principal investigador del gobierno contra el lavado de dinero dijo que funcionarios de las dos administraciones anteriores habían gastado alrededor de 300 millones de dólares en dinero del gobierno para comprar programas espías. Pero esa cifra puede reflejar todas las compras de software espía y de vigilancia, o puede incluir contratos aún no identificados.
Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, dijo que las facturas de programas como el software espía Pegasus parecen haber incluido pagos excesivos que pueden haber sido canalizados de vuelta a los funcionarios del gobierno como sobornos.
Nieto dijo que los montos pagados, y la forma en que se pagaron, sugieren corrupción gubernamental en un programa de espionaje telefónico ya cuestionado que apuntaba a periodistas, activistas y figuras de la oposición, que en ese momento incluía al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo íntimo.
López Obrador asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018 y se comprometió a no utilizar nunca programas de espionaje. Nieto dijo que no se había detectado ninguna transacción en la actual administración.