El Tribunal de Distrito de Jerusalén ha dictado una orden de embargo temporal por un valor de 160 millones de NIS (43 millones de dólares) sobre los fondos de la Autoridad Palestina, congelados previamente por el gobierno israelí.
Esta medida responde a una demanda interpuesta por familias de víctimas del terrorismo palestino, quienes exigen una compensación del órgano de gobierno palestino, al que acusan de fomentar y apoyar la violencia.
Una ley promulgada en marzo de este año autoriza a las víctimas del terrorismo palestino y a sus familias a presentar demandas contra la Autoridad Palestina para obtener compensaciones. Esto se debe a que la AP otorga mensualmente estipendios a terroristas palestinos y a sus familiares.
Desde 2018, una normativa permite que el gobierno de Israel descuente las sumas destinadas por la Autoridad Palestina para estos estipendios de los fondos fiscales que Israel recauda y transfiere a la AP. Como resultado, se han acumulado aproximadamente 2.000 millones de NIS en fondos congelados relacionados con estos pagos.
La demanda original fue presentada por el bufete de abogados Arbus, Kedem, Tzur en nombre de 78 víctimas del terrorismo palestino, y los 160 millones de NIS embargados cubren sus reclamaciones.
Sin embargo, desde la presentación inicial, más de 200 víctimas y sus familias se han sumado a la demanda, lo que podría derivar en una nueva orden de embargo en los próximos días para cubrir esas reclamaciones adicionales.
Entre los demandantes figuran familiares de las víctimas de las masacres ocurridas el 7 de octubre, perpetradas por Hamás y otros grupos terroristas. El abogado Barak Kedem ha indicado que pasarán varios meses antes de que el caso llegue a una audiencia judicial.
Kedem, junto con Arye Arbus, señaló en un comunicado que “la decisión del tribunal de embargar una cantidad significativa de dinero a la Autoridad Palestina es un paso inicial crucial para asegurar fondos que financian el terrorismo, beneficiando así a las víctimas del terrorismo, además de contribuir a la lucha contra este flagelo”.
En julio, la Autoridad Palestina presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia impugnando la ley que permite a ciudadanos israelíes demandarla por compensaciones. Sin embargo, el fiscal general desestimó la legitimidad de dicha petición, mientras que los jueces mostraron escepticismo respecto a su validez durante una audiencia en agosto.
